Lo dijo en declaraciones a los periodistas tras la aprobación de la norma, de la que señaló que renueva la que estaba en vigor desde hacía 25 años, e incorpora en su articulado el Acuerdo de París de 2015, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y el acuerdo de cooperación financiera de Addis Abeba.

También resaltó que incluye el 97% de todas las recomendaciones de las ONG, las organizaciones y el sector privado y las aportaciones de los grupos políticos, que “han enriquecido y mejorado esta ley”.

Esto le sirvió para dejar claro que la ley fue aprobada con "el apoyo de prácticamente todos los grupos, menos uno”, en referencia a Vox, porque “la política de cooperación sólo puede ser de Estado”.

Del mismo modo, saludó que la ley establece que España destinará el 0,7% del PIB a acciones humanitarias y crea el nuevo estatuto del cooperante, lo que le permitió resaltar que la norma es “buena para España”, porque sitúa al país “donde quieren verlo los españoles, aportando soluciones a los desafíos globales, la crisis energética, humanitaria, alimentaria y climática”.

Por último, mostró su confianza en que el desarrollo reglamentario de la norma, que “introduce a España en la vanguardia de la cooperación”, cuente con el mismo consenso que la tramitación de la ley.