En su carta, De la Uz reprocha las consecuencias que está teniendo la aplicación del Real Decreto del Gobierno central en el “funcionamiento ordinario y la atención a los vecinos”.

La carta explica la problemática y dudas que genera la exigencia de acreditar en este proceso la situación de vulnerabilidad, “sin una definición clara de criterios, competencias ni procedimientos”.

El alcalde lamenta que los ayuntamientos, en este caso el de Las Rozas, tienen que hacer frente a este procedimiento “sin previsión de recursos, financiación ni plazos de adaptación”, lo que genera “una inseguridad jurídica para los profesionales municipales y el riesgo de colapso en la prestación de servicios esenciales de la ciudad".

En el escrito pide también que el Gobierno aclare quiénes son los profesionales municipales que pueden acreditar esta situación de vulnerabilidad y solicita, en consecuencia, la aprobación urgente de un marco claro de criterios técnicos para su valoración, la dotación de recursos y financiación estatal a los ayuntamientos para afrontar esta carga extraordinaria y la posible ampliación de los plazos para la tramitación de las solicitudes.

“Este Ayuntamiento considera imprescindible una respuesta clara y urgente, a fin de evitar un perjuicio mayor a los servicios municipales y a la ciudadanía”, zanja De la Uz en el texto.