La Concejalía de Medio Ambiente relató este martes que en el marco de las labores ordinarias de vigilancia de vertidos ilegales, los servicios municipales detectaron a comienzos de año “importantes acopios de residuos” en fincas de titularidad privada. Como consecuencia, el Ayuntamiento tramitó órdenes de ejecución para que la propiedad retirara los residuos, incluidos los de construcción, enseres y posibles restos de fibrocemento, y los trasladara a gestores autorizados.

Sin embargo, las actuaciones posteriores excedieron lo solicitado. La concejala de Transición Ecológica, Movilidad, Educación y Medio Ambiente, Trinidad Castillo, señaló que “el Ayuntamiento actuó desde el primer momento dentro de sus competencias: detectó los vertidos, exigió su retirada a gestor autorizado y, cuando comprobó que se estaban produciendo actuaciones que iban mucho más allá de la limpieza requerida, lo denunció formalmente a la Comunidad de Madrid”. El expediente fue trasladado a la Consejería autonómica el pasado 4 de junio.

Castillo afirmó que una orden municipal "para retirar residuos ilegales no puede convertirse en una coartada para arrasar la cubierta vegetal ni para alterar terrenos con posible valor ambiental" porque "la protección de la salud pública, del medio natural y de la legalidad ambiental está por encima de cualquier interés privado”. Además, añadió que el Ayuntamiento “no ordenó eliminar retamas, modificar la cubierta vegetal ni transformar estos terrenos”.

Por todo ello, el Ayuntamiento reclama a la Comunidad de Madrid que, en el marco de sus competencias, lleve a cabo una inspección urgente, determine el alcance real de las actuaciones, evalúe la posible contaminación de los suelos y adopte medidas cautelares, sancionadoras y de restauración. La Concejalía aseguró que continuará colaborando con los Agentes Forestales y la Comunidad de Madrid para esclarecer los hechos.