Aldama entró en la Audiencia, donde estaba citado a las diez horas, acompañado de su abogado y emplazó a los periodistas para cuando termine la declaración.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz investiga al empresario Aldama en el ‘caso Hidrocarburos’ por su presunta participación en un fraude millonario de IVA ligado a la operadora Villafuel y a la obtención de la licencia de mayorista de hidrocarburos.

En esta causa se le atribuyen, entre otros, delitos contra la Hacienda pública, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, con un fraude que los autos y notas judiciales sitúan en torno a 182,5 millones de euros.

180 MILLONES DE EUROS DE FRAUDE

Según los distintos autos y resoluciones hechos públicos, Pedraz sostiene que el grupo investigado habría diseñado una estructura de sociedades instrumentales vinculadas a Villafuel para vender carburante a precios reducidos, dejando de ingresar el IVA correspondiente y ocultando después esos beneficios mediante un entramado paralelo para el blanqueo.

La mecánica descrita pasa por la creación de empresas que, una vez acumulado el volumen de operaciones, desaparecían o entraban en liquidación, dificultando la acción de Hacienda y generando un perjuicio que la investigación cifra en más de 180 millones de euros en el periodo analizado.

En el foco del juez se sitúa también el papel de Villafuel, considerada la principal mercantil de la trama, cuya licencia como operador mayorista de hidrocarburos fue finalmente concedida el 12 de septiembre de 2022 tras varias negativas iniciales de la Administración.

DUDAS SOBRE LA LICENCIA

Pedraz trata de esclarecer si esa autorización se obtuvo gracias a gestiones irregulares y presuntas comisiones ilícitas para sortear los requisitos exigidos por los ministerios de Industria y Transición Ecológica, especialmente en materia de capacidad financiera.

Los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil apuntan a que Aldama, junto a su socio Claudio Rivas, es uno de los dirigentes de la supuesta organización, a la que atribuyen la decisión de destinar “un millón de euros a comprar la voluntad” de cargos públicos con el objetivo, entre otros, de lograr la licencia para Villafuel.

La UCO sostiene que, a través de intermediarios del entorno político, se habrían articulado pagos y promesas de comisiones para influir en responsables de los ministerios de Transportes, Industria y Transición Ecológica, a fin de desbloquear la autorización administrativa.

En esa línea, la Benemérita detalla contactos y reuniones en varias sedes ministeriales en los que sitúa a Aldama, Rivas y el exasesor Koldo García, centradas en “validar” el contenido de la declaración responsable necesaria para conceder a Villafuel la condición de operador mayorista.

“CIRCUITO DE PAGOS Y FAVORES”

Los atestados reseñan incluso el envío de documentación interna sobre el expediente y la intervención de altos cargos y jefes de Gabinete, a los que se toma declaración como testigos para aclarar si hubo presiones o injerencias en el procedimiento administrativo.

La UCO concluye, en sus últimos escritos incorporados a la causa, que la trama habría logrado, mediante ese circuito de pagos y favores, introducirse “en los niveles directivos” de los ministerios implicados para obtener una resolución favorable a Villafuel pese a las advertencias iniciales sobre los requisitos legales.

A partir de la concesión de la licencia, los investigadores sitúan el grueso del fraude fiscal atribuido al entramado liderado por Aldama, que combina, según los informes, el presunto desfalco al fisco con operaciones de blanqueo canalizadas a través de sociedades y productos de lujo.