El juez archivó la investigación al considerar que “no se ha acreditado que las extracciones provocaran un peligro grave” para el medio ambiente. La formación ecologista lamentó la decisión judicial, pese a que la Guardia Civil y la Fiscalía habían estimado que las extracciones investigadas podían haber supuesto entre 3.807 y 6.640 millones de litros de aguas subterráneas, valorados en unos seis millones de euros. La Casa de Alba reconoció que siete de los nueve pozos “carecieron de permisos durante una década”.

Alianza Verde sostuvo que el archivo genera “sensación de impunidad” y criticó también la actuación del Ministerio para la Transición Ecológica y de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que posteriormente autorizó la regularización de los pozos.

El partido defendió que la extracción continuada de agua puede “afectar a los ecosistemas, rebajar los niveles freáticos y reducir la disponibilidad del recurso” para otros usos, por lo que rechazó que no exista afección ambiental.

“Hay afectación ambiental y es un robo de un recurso escaso”, afirmó Alianza Verde, que consideró que esta situación “no puede quedar impune”. La resolución judicial puede ser recurrida y Ecologistas en Acción ya ha anunciado que recurrirá el archivo.