Así se expresó tras un acto sobre vivienda celebrado en el distrito de Barajas. Almeida rechazó la decisión tomada por el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, tras un encuentro en la Delegación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la organización del Movistar Arena, donde tendrá lugar el encuentro. El partido ha sido declarado de alto riesgo por la comisión antiviolencia, ante la previsión de protestas contra la acción de Israel en Palestina y contra la presencia de equipos israelíes en competiciones deportivas internacionales.

El alcalde lamentó que los eventos deportivos "se vean afectados" y aseguró que el hecho de que "venga un equipo israelí no tiene que ser distinto de que venga un equipo de cualquier otra nacionalidad a jugar a Madrid".

A su juicio, lo que hace el delegado del Gobierno con esta decisión es "lo mismo que hizo con La Vuelta Ciclista a España, utilizar la seguridad como un reclamo político en vez de como una garantía de convivencia entre todos los que viven en esta ciudad".

El regidor expresó que el partido debería jugarse en abierto "garantizando la seguridad" evitando que "cualquiera que quisiera perturbar el buen orden del partido" pudiera hacerlo. Insistió en que el delegado utiliza la "seguridad como un reclamo y con una finalidad política" y expresó que Madrid debe trasladar su "capacidad de acoger cualquier espectáculo deportivo".

"Esto no puede ser, que porque venga un equipo israelí las condiciones sean distintas de cualquier equipo de cualquier otra nacionalidad que venga a la ciudad de Madrid", concluyó.

El encuentro además de celebrarse sin público contará con un dispositivo de seguridad reforzado que conformarán cerca de 400 efectivos de Policía Nacional a los que se sumarán agentes de la Policía Municipal que darán apoyo en tareas de regulación y cortes de tráfico, de seguridad del propio Club y del estadio. También trabajarán en el entorno del estadio bomberos y sanitarios de Samur-Protección Civil.

Más de 250 organizaciones sociales y de solidaridad con Palestina pidieron este lunes la suspensión del partido alegando que “la celebración de este encuentro deportivo contribuye a la normalización internacional del Estado de Israel, actualmente investigado por la Corte Internacional de Justicia por el crimen de genocidio contra el pueblo palestino”. A su juicio, “la participación de equipos que representan a Israel en competiciones deportivas internacionales supone un uso del deporte como instrumento de blanqueamiento de una política sostenida de ocupación, apartheid y exterminio”.

Sobre la celebración del evento también gira el precedente de la etapa final de La Vuelta ciclista que se tuvo que suspender por las protestas en el centro de la capital que terminaron invadiendo el circuito y que tuvo que disolver la unidad de antidisturbios de la Policía Nacional. A raíz de estos hechos se inició también una investigación judicial para determinar si el dispositivo policial fue el adecuado y la responsabilidad de la Delegación del Gobierno sobre el mismo y lo sucedido aquella tarde en la que hubo una veintena de policías heridos.