El candidato socialista a la Presidencia del Gobierno clasuró en un hotel de Madrid el VII Encuentro sobre el programa electoral socialista dedicado a "la reforma de la justicia: un progreso necesario".

Almunia pasó revista a los problemas de la Justicia, con ejemplos de la actualidad inmediata, de lo que concluyó que "la Justicia en España no atraviesa un buen momento", impresión que corroboró con la encuesta que encargó el Consejo General del Poder Judicial, que relegaba a la Justicia al último de los servicios públicos en la valoración de los ciudadanos. En ese contexto, Almunia consideró "una necesidada urgente revisar y adaptar el sistema retributivo de los jueces, magistrados y fiscales para adecuarlo a la dignidad e importancia de la función que desempeñan", pero recriminó los métodos de éstos. "No compartto el recurso a la huelga, o la amenaza del recurso a la huelga, por parte de quienes tienen que aplicar la ley", dijo.

DOS AÑOS PERDIDOS

Tras recordar que en febrero del 98 ofreció al presidente del Gobierno las bases de un gran pacto de stado por la Justicia, Almunia resaltó que se han perdido dos años por la falta de voluntad política de Aznar de afrontar estos problemas por consenso.

"En esta legislatura, las cosas no empezaron bien, porque no podían empezar bien con el Gobierno de José María Aznar en materia de Justicia", dijo Almunia, "porque Aznar llegó al Gobierno haciendo un uso perverso de la Justicia, de lo que ésta significa en un Estado democrático y de derecho, politizándola y dejando que sectores de la judicatura se inmicuyeran en batallas políticas".

COMPROMISOS

Además de ofrecer el pacto de Estado por la Justicia, Almunia expuso algunos compromisos más, entre ellos el de mantener la elección parlamentaria de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, por considerar que es "la más democrática de las imaginables".

Asimismo, propuso incrementar las competencias del CGPJ, que éste dé cuenta más asiduamente en el Parlamento, y promover una reforma sustancial del procedimiento penal para agilizarlo y par incrementar la tutela de las garantías constitucionales de los inculpados.

En este sentido, Almunia criticó que algunos medios de comunicación "se autoatribuyan" el papel de "condenar o absolver" a políticos, a jueces, o a ciudadanos normales.

Una de las reformas fundamentales que expuso el candidato socialista es la sustitución del juez instructor por el Ministerio Fiscal, que se convertirá, así, en el impulsor y promotor del procedimiento. El juez recuperaría así "su dedicación a la misión excusiva que le encomienda la Constitución: juzgar y ejecutar lo juzgado".

Finalmente, Almunia se comprometió a llevar a cabo las propuestas del Libro Blanco sobre la Justicia en materias como la formación de jueces, la organización de la Oficina Judicial, o la dotación de medios suficientes para el servicio público de la Justicia.