Así lo desvela un estudio realizado por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) y que cruza los datos oficiales del precio de una vivienda media de segunda mano y 70 m2 en cada capital de provincia con los ingresos medios de una pareja de 32 y 34 años según la comunidad autónoma, según precisó este lunes la entidad en un comunicado en el que tildó de “preocupantes” los resultados obtenidos.

En concreto, el esfuerzo del alquiler para pagar la renta, los suministros y un seguro básico para el inquilino supera el 30% de los ingresos mensuales de la pareja en 17 ciudades, empezando por Barcelona (51%) y siguiendo por Málaga (46%), Valencia (43%), Madrid (43%), Palma de Mallorca (39%), San Sebastián (37%), Sevilla (37%), Cádiz (36%), Alicante (35%), Las Palmas de Gran Canaria (35%), Segovia (33%), Granada (32%), Santa Cruz de Tenerife (32%), Santander (32%), Guadalajara (32%), Bilbao (32%) y Toledo (31%).

Por su parte, en el extremo opuesto, el esfuerzo mensual es inferior al 22% en Lleida, Zamora y Teruel.

En el caso de compra, el esfuerzo para esa misma pareja sobre el mismo piso resulta “ligeramente inferior”, pero es necesario tener ahorrado al menos un 30% del precio para hacer frente a la entrada y los gastos de compra, un esfuerzo que puede suponer hasta siete años de ahorro sobre el salario neto en Madrid y Barcelona.

HIPOTECA

Aun así, el importe de la hipoteca seguiría superando el límite de gasto recomendado del 30% en 12 capitales de provincia, como son Barcelona (43%), Málaga (42%), Cádiz (42%), Madrid (42%), San Sebastián (41%), Valencia (37%), Sevilla (37%), Granada (35%), Palma de Mallorca (34%), Coruña (33%), Santander (31%) y Alicante (31%).

“Y es que mientras que el coste de la vivienda en España no ha dejado de subir en los últimos diez años, los salarios no lo han hecho en la misma proporción”, señaló la OCU, al tiempo que advirtió de que esta circunstancia está retrasando la edad de emancipación de las generaciones más jóvenes, hasta el punto de que el 66% de las personas entre 18 y 34 años todavía viven con sus padres, 16 puntos por encima de la media de los 27 países de la Unión Europea.

En este contexto, la OCU insistió en la “urgencia” de desarrollar un plan de inversión en vivienda pública en alquiler mediante la incorporación de al menos 600.000 viviendas nuevas o de segunda mano, además de promover el alquiler privado facilitando la rehabilitación de casas vacías o que los propietarios “no se atreven a alquilar por miedo a impagos u ocupaciones”.

“En este sentido es necesario que las administraciones garanticen al arrendador que podrá recuperar su vivienda en un plazo razonable, en caso de impago, daños en la vivienda o cualquier otro incumplimiento grave del contrato”, abundó, al tiempo que consideró que otras medidas “extraordinarias”, como la concesión de ayudas económicas, tienen que destinarse a los colectivos “realmente más vulnerables”, liberando fondos públicos para su inversión “allí donde son más eficientes”.

Además, por lo que respecta a los jóvenes, ve “preciso” el hecho de “revisar” la fiscalidad en la compra de vivienda, dado que, aunque casi todas las comunidades autónomas ofrecen alguna reducción para este colectivo en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, los límites “son muy distintos”.

Por último, en cuanto al IVA, criticó que el tipo reducido del 4% solo se aplica a las “escasas” viviendas de protección oficial o promoción pública.