El que fuera en 1989 subdirector general de Patrimonio del Estado, Miguel Angel Herrera Chamorro, prestó declaración ante el magistrado instructor, Juan Francisco Ramírez, durante más de 8 horas.

Herrera, que actuó en el proceso de compraventa en nombre y representación el Estado spañol, tal y como se refleja en la escritura en la que se plasmó la operación, precede al director de Patrimonio en 1989, Francisco Zambrana, quien posiblemente será llamado a declarar la próxima semana por este mismo caso.

El magistrado intenta aclarar con estas actuaciones el nivel de participación del personal relacionado con el Ministerio de Hacienda en la elección de las empresas Benorbe y Benservice como las compradoras de la fábrica textil, cuyo accionista mayoritario, Giovanni Orefici, se encentra desde hace dos meses en situación de prisión incondicional.

De momento, según ha trascendido tras el levantamiento del sumario, el fiscal imputa el cobro de una comisión de 15 millones de pesetas a quien fue director de la empresa pública Improasa, José Miguel Moreno García, entidad que realizó un informe favorable al italiano y que sirvió de base para apoyar la privatización.

Moreno García se encuentra también en situación de prisión incondicional desde hace dos meses, al igual que los aboados Adolfo Martos Hinojosa, José Manuel Muñiz y José Luis Castillo, que compartían un bufete que intermedió en la negociación entre el italiano y la Dirección General de Patrimonio durante el proceso de compraventa.

En el sumario se recoge la denuncia realizada por la propia Dirección General de Patrimonio en contra de Giovanni Orefici, a quien considera responsable de desviar en beneficio propio 4.278 millones de pesetas del patrimonio de la empresa textil.

Patrimonio acusa a Orefici de "saquea" la empresa mediante el empleo de "múltiples manejos y procedimientos", entre los que se incluye el empleo de 2.500 millones de pesetas correspondientes a garantías ejecutadas en perjuicio de Intelhorce para afrontar la propia operación de compra.