“La CEOE no puede continuar vetando la posibilidad de que se cierre un acuerdo en una materia de estas características”, advirtió Álvarez en el II Comité Confederal de UGT tras el 44 Congreso del sindicato. A su juicio, “se tiene que acabar” la pérdida de vidas que supone la siniestralidad laboral y el gran número de situaciones de discapacidad sobrevenida que provoca.

Álvarez denunció que la legislación actual, que tiene tres décadas de historia, está ya “en las antípodas” de lo que se necesita para luchar contra este problema, por lo que instó al Ejecutivo a aprobar ya la norma en Consejo de Ministros para que pueda desarrollarse después la tramitación parlamentaria.

Por otro lado, el secretario general de UGT defendió que no es “excesivo” pedir que si el salario mínimo interprofesional (SMI) ya en 2026 no está exento de tributar en el IRPF se incremente un 7,52%, como defiende UGT junto a CCOO. “Si tiene que tributar, y parece que los niveles de salario mínimo internacional invitan a que tribute, y si queremos cumplir con la Carta Social Europea, esa tributación hay que incluirla en el SMI”, defendió.

En todo caso, dejó claro que “tan importante” como la cuantía de subida es la reforma de las cuestiones que tienen que ver con los pluses, porque hay empresas que los absorben en la nómina del empleado cuando se ven alcanzados por las subidas del SMI. A su juicio, es “increíble” que haya quienes defiendan que pluses como el de antigüedad o el de peligrosidad se pueden reabsorber.

Criticó que el Gobierno lleve tres años prometiendo que tras revalorizar el SMI se iban a tratar estas cuestiones y hasta este año no se ha creado la mesa de diálogo con sindicatos y patronal. “Este año tiene que ir sí o sí”, zanjó.

Se refirió también al Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva, que caduca este diciembre y que se debe abordar entre sindicatos y patronal, a fin de recoger recomendaciones generales para la negociación de convenios colectivos sectoriales y territoriales, incluidas las subidas salariales.

Recordó la novedad de que CCOO y UGT van a pedir que se incorpore el “problema de la vivienda”, en el que quieren “implicar” a la patronal: “Las empresas tienen que ser conscientes de que en nuestro país cada día van a tener más dificultades para encontrar trabajadores y trabajadoras que estén dispuestos a desplazarse en una zona en la que el salario ni de lejos cubre el alquiler de un piso de nivel bajo”.

“Por eso, los empresarios tienen que responder, trasladando, efectivamente, esas exigencias, porque tiene que ser el sector público el que dé respuesta, pero a la vez también teniendo en cuenta que muchos de estos sectores que desarrollan su actividad en las zonas más tensionadas de nuestro país tienen unos beneficios extraordinariamente altos”, razonó.

Igualmente, subrayó que quieren tratar la contratación a tiempo parcial, una cuestión “pendiente” en la reforma laboral pactada en 2021. En su opinión, hay “un abuso evidente” con este tipo de relaciones laborales que se debe corregir.

Por último, exigió también que el Gobierno apruebe cuanto antes la reforma del registro horario para que se pueda garantizar el máximo de 40 horas semanales, mientras no se pueda reducir la jornada a 37,5 horas, medida tumbada en septiembre por Junts, PP y Vox en el Congreso.