Para AT, "la inadecuación del proyecto abarca todos los puntos de vista posibles, y al estar calificado como de utilidad pública incumple tanto normativas locales como medioambientales".

Otra de las razones que los conservacionistas argumentan para rechazar la edificación radic en la capacidad del centro, ya que mantienen que al ser ésta de 2.000 reclusos y tener el municipio alrededor de 2.800 habitantes, "la desproporción es desmesurada entre la población interna y la local".

Según la organización conservacionista, esta pequeña diferencia entre la cantidad de personas que estarían en la cárcel y las que viven en el pueblo "puede acarrear conflictos".

"Pretender construir", dicen, "una mole de 16 metros de altura, más unas torres de vigilancia de 67 metros dentro de u municipio que permite una altura máxima de 3,5 metros fuera del casco, supone un auténtico atentado, tanto desde el punto de vista urbanístico como estético y paisajístico".

Además, AT denuncia la ausencia de estudios de impacto ambiental que midan el posible deterioro que la obra puede causar al ecosistema.

Por ello, los conservacionistas han enviado una carta al ministro de Justicia exigiéndole la realización de un estudio previo.