Según AI, las medidas adoptadas para hacer frente a las necesidades de las personas procedentes de Ucrania en España contrastan con las indignas condiciones de acogida en Canarias en 2020 y con el uso excesivo de la fuerza en las fronteras de Ceuta y Melilla. La guerra de Ucrania ha hecho visible “este trato diferenciado”, subrayó.

Resaltó que "España desplegó toda una serie de medidas destinadas a recibir y atender a las personas que huyen de la guerra de Ucrania y ha sido capaz de gestionar en tiempo récord 125.000 solicitudes de protección temporal”, lo que les otorga “la documentación que les permite el acceso al permiso de trabajo, a la sanidad o el empadronamiento”. Sin embargo, “quienes llegan huyendo de otras guerras se enfrentan a meses de espera para poder solicitar protección internacional, cuando no a devoluciones en caliente”, lamentó.

También sufren “un uso excesivo de la fuerza, como ocurrió el pasado mes de marzo en la valla de Melilla, apuntó Virginia Álvarez, responsable de Política Interior en Amnistía Internacional. Según apuntó, “todas las personas que entraron en esa fecha eran solicitantes de protección internacional”.

Amnistía Internacional ya puso de manifiesto que “Europa, y concretamente España, poseen las herramientas necesarias para proteger a quienes huyen de la guerra”, como demostraron con la activación el pasado mes de marzo de la Directiva del Consejo de la Unión Europea sobre protección temporal para conceder protección inmediata en países de la UE a quienes huyen del conflicto en Ucrania.

“El enfoque de la ‘Fortaleza Europa’ es pues una elección de carácter político”, y destacó que la Declaración Universal de Derechos Humanos sostienen que “en caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y disfrutar de él en cualquier país”.

"Sin embargo, las personas procedentes de países en conflicto como Malí, que intentan llegar de manera irregular a través de la frontera sur en España ante la carencia de rutas legales y seguras, son recibidas con golpes, botes de humo y devoluciones en caliente”, denunció Álvarez.

Por todo ello, instó al Gobierno español a “descartar el doble rasero en políticas de refugio y asilo y adoptar medidas para hacer frente a la degradación del sistema de asilo y acogida”, que en la actualidad adolece de “falta de acceso a información y a asistencia letrada, condiciones de acogida indignas y problemas estructurales para acceder a procedimientos de asilo”.