En el informe "Mujeres invisibles, abusos impunes", presentado hoy en Madrid, Amnistía denuncia la sitación de vulnerabilidad a la que se enfrentan estas mujeres, ya que no tienen acceso a la justicia gratuita ni a los servicios de protección social.

Miles de mujeres inmigrantes llegan a España de la mano del plan de reagrupación familiar, ya que su marido o pareja dispone de permiso de trabajo y residencia. Pasado algún tiempo, algunas de estas mujeres comienzan a ser maltratadas por sus maridos.

Sin embargo, si huyen del cónyuge, vuelven a situación irregular. Por esta razón, no son atendidas e los centros de atención de la Adminitración y, si intentan denunciarlo, es posible que se les abra un expediente de expulsión.

"Además, hay miles de mujeres irregulares víctimas de violencia que no denuncian porque desconocen sus derechos o porque no son escuchadas", señaló Cristina Corredor, miembro de la Ejecutivo Federal de AI.

"La Ley de Extranjería, en su redacción actual y en la propuesta de reforma, no garantiza que las mujeres migrantes reagrupadas, sometidas a violencia por parte del cóyuge, puedan alcanzar el permiso de residencia independiente si se separan del marido violento, si no acceden primero a un permido de trabajo", indica el informe.

EMPADRONAMIENTO

Por otra parte, existe una tendencia a endurecer los cauces de empadronamiento, lo que dificulta un poco más el acceso de estas mujeres a los servicios sociales.

En conclusión, Amnistía asegura que el tratamiento que España da a las inmigrantes indocumentadas maltratadas atenta contra los derechos humanos y choca con ua propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, que prevé que las mujeres residentes víctimas de la violencia familiar deban ser protegidas "especialmente".