Esta organización apuntó, en un informe difundido este martes, que, en España, mostrar una bandera palestina en un partido de baloncesto, sentarse en una carretera durante una etapa de La Vuelta Ciclista o participar en una protesta en el contexto de una prueba deportiva puede acabar en una multa de miles de euros, en algunos casos incluso de decenas de miles. “El mero hecho de protestar también puede derivar en una detención, en un proceso penal o en una carga policial con porras y gas pimienta”, subrayó.

El ejemplo más reciente fue la actuación policial durante la celebración de la Copa del Mundo de Escalada en Alcobendas (Madrid) entre los pasados 28 y el 31 de mayo, en el contexto de las protestas contra la participación del equipo de Israel. Un equipo de observación desplegado por AI constató cómo agentes de la Policía Nacional identificaron y amenazaron con sanciones bajo la Ley contra la Intolerancia y Racismo en el Deporte a activistas que proferían consignas en solidaridad con Palestina.

Asimismo, impidieron el uso de paraguas de protección frente al sol por mostrar los colores de la bandera palestina. Algunos asistentes al evento increparon e incluso llegaron a agredir a activistas propalestinos. La respuesta policial consistió en identificar a las personas agredidas.

“PROBLEMA ESTRUCTURAL”

También recientemente, el pasado sábado 23 de mayo, activistas de la Flotilla Global Summud que habían sido interceptados en aguas internacionales por Israel y denunciaron abusos durante su detención en Israel sufrieron “violencia policial de forma injustificada” cuando llegaron al aeropuerto de Bilbao.

Según Amnistía, agentes de la Ertzaintza emplearon un “uso excesivo de la fuerza” mediante golpes reiterados con porras a personas que ya habían sido derribadas y estaban en el suelo.

AI advirtió de que “no se trata de hechos aislados, sino del reflejo de un problema estructural que se arrastra desde hace más de una década”, puesto que las restricciones a la libertad de expresión, de manifestación y de reunión pacífica siguen vigentes en España a través de “una triple legislación restrictiva”.

Se trata de la Ley de Seguridad Ciudadana -conocida como ‘ley mordaza’-, algunos artículos del Código Penal y el reciente fenómeno de la aplicación de la Ley contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte para sancionar protestas pacíficas, especialmente en el contexto de las movilizaciones en solidaridad con la población palestina.

EVENTOS DEPORTIVOS

Desde octubre de 2023, cuando se inició un conflicto por el ataque de Hamás contra Israel, portar una bandera palestina ha sido suficiente para ser expulsado de estadios o recintos deportivos e incluso sancionado en España.

“Lo que comenzó como decisiones puntuales se ha convertido en una práctica más amplia, en la que una norma diseñada para prevenir la violencia, el racismo o la xenofobia en el deporte se utiliza para limitar expresiones políticas pacíficas”, indicó Amnistía.

El caso más significativo se produjo durante La Vuelta Ciclista a España de 2025. A lo largo de distintas etapas, activistas y ciudadanos se movilizaron para protestar contra la participación del equipo Israel-Premier Tech y para denunciar el genocidio en Gaza. Algunas personas desplegaron pancartas, otras se sentaron en la carretera y algunas intentaron detener momentáneamente el paso de la carrera.

La respuesta de las autoridades fue contundente. Al menos 30 personas fueron detenidas y 108 enfrentan expedientes sancionadores, de los cuales 91 se basan en la ley contra la violencia en el deporte. Las sanciones ya impuestas suponen 27 multas de 300 euros en Ponferrada, y cinco multas de 3.000 euros y una de 60.000 euros en Pontevedra.

La aplicación de esta ley no se ha limitado al ciclismo. En Valencia, cinco activistas fueron sancionados por protestas vinculadas a partidos de baloncesto contra equipos israelíes, con multas que oscilan de los 1.500 a 5.000 euros por la aplicación de la mencionada ley deportiva, en un contexto en el que una concentración pacífica terminó con cargas policiales, uso de gas y detenciones. Una de estas activistas también fue sancionada con 600 euros por la infracción de desobediencia en el marco de la ‘ley mordaza’.

Muchas de estas sanciones responden a conductas como invadir la calzada o interrumpir el desarrollo de la prueba. Sin embargo, según el Derecho internacional de los derechos humanos, este tipo de acciones no constituyen violencia por sí mismas y pueden formar parte del ejercicio legítimo del derecho a la protesta.

DETENCIONES Y PROCESOS PENALES

Las consecuencias no se han limitado al ámbito administrativo. En distintas etapas de La Vuelta, varias personas fueron detenidas y posteriormente investigadas por delitos como desórdenes públicos o atentado contra la autoridad.

En Valladolid, cuatro activistas se enfrentan a un procedimiento penal por haber invadido el recorrido de la prueba ciclista. La Fiscalía atribuye a estos cuatro activistas el delito de desórdenes públicos, para los que pide pena de prisión de un año y nueve meses, y añade en el caso de dos de ellos el delito de resistencia a la autoridad, aumentando la pena a más de dos años de prisión.

En Figueres, una persona fue arrestada por cortar la carretera. En Bilbao hubo tres detenciones y varias personas investigadas. En Asturias, 12 personas fueron detenidas en una sola jornada. En Galicia, 10 activistas resultaron arrestados. En Madrid, las protestas llegaron a provocar la suspensión de la etapa final, con nuevas detenciones.

Este patrón se repite fuera del ámbito deportivo. En la Universidad de Sevilla, estudiantes que participaron en un encierro pacífico el 11 de junio de 2024 para exigir la ruptura de vínculos académicos con instituciones israelíes fueron desalojados por la policía y uno de ellos está a la espera de juicio, en el que se enfrenta a una petición de dos años de prisión.

Más recientemente, la Delegación de Gobierno de Madrid sancionó con multas de 700 euros por la ‘ley mordaza’ a 12 personas que realizaron una’ performance’ a las puertas de la Feria de Armas en Madrid en mayo de 2025, para visibilizar el rechazo a la industria militar.

También en Madrid, durante una protesta ante la embajada de Egipto en julio de 2025, varias personas fueron detenidas tras una intervención policial que incluyó empujones y golpes contra manifestantes, algunos de ellos de edad avanzada.

“Estos casos evidencian un patrón preocupante: acciones de desobediencia civil no violenta están siendo tratadas como infracciones graves o incluso como delitos, cuando solo son el ejercicio de derechos humanos por parte de sus protagonistas”, subrayó Amnistía.

GAS PIMIENTA

A la respuesta sancionadora se suma el uso excesivo de la fuerza por parte de los miembros de la policía. Durante la última etapa de La Vuelta en Madrid, en septiembre de 2025, observadores de Amnistía Internacional documentaron actuaciones que consideran incompatibles con los estándares internacionales.

Se registraron golpes con porras contra manifestantes y periodistas, impactos en la espalda y la cabeza y el uso de spray pimienta para dispersar concentraciones pacíficas.

En Becerril de la Sierra (Madrid), agentes de la Guardia Civil golpearon y rociaron con gas lacrimógeno a activistas que participaban en una acción de desobediencia civil pacífica, lo que derivó en investigaciones penales contra ocho personas por delitos de desórdenes públicos y atentado contra la autoridad. Uno de los activistas fue detenido.

El uso de gas pimienta se ha repetido en otros contextos. En Barcelona, un grupo numeroso de personas llevaron a cabo una sentada pacífica para impedir el paso del autobús que llevaba al equipo de baloncesto israelí Hapoel Jerusalem hasta el lugar del partido, el 15 de octubre de 2025. Mientras estaban sentadas en el suelo, fueron rociadas a poca distancia y sin previo aviso con espray irritante.

Los periodistas tampoco han quedado al margen. En Barcelona, también el 15 de octubre, un fotoperiodista recibió el impacto de un proyectil de ‘foam’ en el brazo. Estaba identificado y en ese momento y lugar no estaban teniendo lugar ni altercados ni disturbios, según AI.

RECOMENDACIONES

En este contexto, Amnistía Internacional pidió a la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte que acciones como la interrupción temporal de una prueba deportiva o la exhibición de símbolos políticos en un estadio, al formar parte del derecho a la protesta cuando son pacíficas, no deben recibir sanciones de acuerdo a la Ley del Deporte.

Además, reclamó a las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno que eviten imponer sanciones con base en la Ley contra la Intolerancia y Racismo en el Deporte por acciones de protesta no violenta, y que incorporen en la tramitación de expedientes sancionadores criterios basados en estándares internacionales.

En relación con las fuerzas de seguridad, Amnistía Internacional solicitó al Ministerio del Interior, a la Consejería de Seguridad del Gobierno Vasco y al Departamento de Interior de la Generalitat de Cataluña que garanticen que el uso de la fuerza se ajuste a los principios de necesidad y proporcionalidad, y que investiguen cualquier posible abuso, evitando cargas y uso de porras o gas pimienta contra manifestantes pacíficos y periodistas.

Por último, instó al Gobierno y al Parlamento a retomar la reforma de la ‘ley mordaza’ y del Código Penal, y a adoptar medidas específicas para evitar que los eventos deportivos se conviertan en escenarios de restricción del derecho a la protesta en España.