La organización publicó un informe en el que identifica “deficiencias estructurales” en los centros de Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla-La Mancha, Cataluña y Galicia. Entre ellas, la falta de difusión generalizada para que las mujeres sepan cómo acceder a estos servicios; la ausencia de atención presencial garantizada las 24 horas los siete días de la semana; líneas telefónicas no especializadas que provocan “revictimización”; recursos insuficientes para cubrir la demanda; y mayores barreras para mujeres migrantes, trabajadoras sexuales, romaníes o con discapacidad.

Amnistía Internacional denunció que, aunque ya existe al menos un centro por provincia, salvo en Ceuta, donde aún no está operativo, España “incumple el estándar internacional de un centro por cada 200.000 habitantes”. Ninguna comunidad autónoma garantiza esta ratio.

El informe recoge testimonios de víctimas que relatan experiencias de atención “fría”, “automática” o “impersonal”, que incluso las llevaron a abandonar el proceso. “Necesitaba ser escuchada sin miedo a ser juzgada. Fue como hablar con el ‘ChatGPT’, automático, impersonal”, explicó una superviviente sobre la atención telefónica recibida. En otras comunidades, los centros no atienden de noche ni los fines de semana, y algunos funcionan con una o dos profesionales, dificultando la atención multidisciplinar.

La organización advirtió también de que algunas licitaciones priorizan el criterio económico sobre el técnico, excluyendo a entidades con larga experiencia en violencia sexual. Señaló, además, la “situación de desbordamiento del personal y la precariedad que provocan adjudicaciones a empresas sin especialización”, llegando incluso a gestionarse por compañías del ámbito de la construcción.

Amnistía Internacional subrayó la necesidad de “garantizar un enfoque interseccional”, ya que mujeres migrantes sin tarjeta sanitaria, mujeres rurales o trabajadoras sexuales encuentran mayores trabas para acceder a estos recursos.

La organización instó a las comunidades autónomas a asegurar la apertura efectiva 24/7 de los centros de crisis, dotarlos de equipos multidisciplinares especializados y garantizar financiación estable a través de las transferencias del Estado. Al Gobierno central le pidió “una partida específica” y mecanismos de seguimiento para asegurar el funcionamiento adecuado de estos recursos, tal y como exigen el Convenio de Estambul, la directiva europea y el Pacto de Estado contra la Violencia de Género.