Según señaló la organización internacional en un comunicado, la respuesta impulsada entonces por Estados Unidos y sus aliados tras el 11-S supuso un deterioro del marco internacional de protección de los derechos humanos y abrió la puerta a actuaciones como la tortura, las detenciones secretas, los asesinatos selectivos, el espionaje masivo o las detenciones indefinidas sin garantías judiciales.

El director de Amnistía Internacional España, Esteban Beltrán, afirmó que tras los atentados del 11-S los gobiernos "no eligieron reforzar las reglas para protegernos frente al horror, sino desprenderse de ellas", y advirtió de que esa decisión "sigue teniendo consecuencias letales 25 años después".

La ONG criticó que, pese al tiempo transcurrido, no se haya producido una rendición de cuentas efectiva por las vulneraciones de derechos humanos cometidas durante la lucha antiterrorista. Para Beltrán, el "cheque en blanco" otorgado al entonces presidente estadounidense, George W. Bush, para actuar en nombre de la seguridad sigue teniendo reflejo en la actualidad en “aras del presunto bien futuro”.

Amnistía alertó de que algunas prácticas desarrolladas durante la "guerra contra el terror" encuentran hoy en día equivalentes en distintos ámbitos. Beltrán citó como ejemplos las ejecuciones extrajudiciales, las amenazas a la soberanía de otros territorios o el papel de las grandes empresas tecnológicas en el control de la opinión pública y la difusión de desinformación. "Atrocidades que se cometieron entonces pueden tener su reflejo en el mundo actual", señaló el responsable de la entidad.

JUSTICIA

La organización incidió también en que las familias de las 2.977 personas fallecidas directamente en los atentados del 11-S continúan sin obtener justicia plena. Cuatro administraciones estadounidenses después, solo una persona, Zacarias Moussaoui, ha sido condenada por su participación en la red que organizó los ataques.

Además, Amnistía señaló que desde 2001 al menos 70.000 personas fueron detenidas por fuerzas estadounidenses fuera del territorio de Estados Unidos en el contexto de la "guerra contra el terror".

También destacó que unas 780 personas pasaron por la prisión de Guantánamo desde su apertura en 2002 y que actualmente permanecen allí 15 detenidos, tres de ellos con autorización para ser liberados.

La organización reiteró su llamamiento a todos los gobiernos, especialmente al de Estados Unidos, para garantizar "verdad, justicia y reparación" tanto a las víctimas del 11-S como a quienes sufrieron abusos cometidos en nombre de la lucha contra el terrorismo.