Según afirmó la entidad a través de sus redes sociales, el “principio de prioridad nacional” reflejado en los acuerdos entre PP y Vox es una “discriminación contraria a los derechos humanos”.

La entidad dijo que este principio afecta de manera especial a las personas migrantes, en particular a aquellas en situación administrativa irregular, a las que se excluye de forma “discriminatoria” del acceso a servicios sociales básicos.

Amnistía Internacional también avisó de que el acuerdo contiene medidas “racistas, discriminatorias e islamófobas”, fomenta una narrativa “deshumanizadora” que vincula migración y delincuencia e incorporan medidas específicas de protección para los policías "que prestan servicio en centros vinculados a la inmigración ilegal", entre otras. Todo ello incrementa la “estigmatización” de colectivos vulnerables.

Asimismo, la organización cree que este pacto impactará especialmente sobre menores y jóvenes migrantes no acompañados, al considerar que vulnera derechos fundamentales como el interés superior del menor, el derecho a ser escuchado y el cumplimiento de reales decretos estatales jurídicamente vinculantes para las comunidades autónomas en materia de acogida y traslado.

Sobre los derechos de las mujeres, Amnistía Internacional criticó la propuesta de prohibición total del velo integral, al considerar que los vetos absolutos son discriminatorios, estigmatizan a las mujeres musulmanas y vulneran su derecho a decidir sobre su propia identidad.

Así, se denunció la ausencia total de medidas de igualdad de género, de lucha contra la violencia de género, la violencia sexual, la trata o la garantía del derecho al aborto, cuestionando el compromiso del PP con el Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

Además, la organización internacional lamentó la intención del pacto de derogar “leyes ideológicas”, una expresión que se usó anteriormente para referirse a normas de protección de derechos humanos, como la Ley de Memoria Democrática de Aragón, ya derogada por PP y Vox en 2024.

Finalmente, Amnistía Internacional reconoció algunos aspectos positivos de los acuerdos, como el impulso de la vivienda pública asequible, la prioridad para jóvenes y personas con discapacidad, el refuerzo de infraestructuras hidráulicas en zonas de riesgo y el incremento del presupuesto en sanidad. No obstante, subrayó que estos elementos no neutralizan las vulneraciones de derechos humanos detectadas anteriormente.