Según explicó la organización a través de sus redes sociales, la medida es "claramente discriminatoria", y remitió una carta al presidente de Aragón, Jorge Azcón, para reclamar su rectificación.

La entidad sostuvo que los menores extranjeros tutelados por la Administración "no pueden sufrir ningún tipo de discriminación por razón de su nacionalidad u origen" y avisó de que la decisión supondría una vulneración de derechos humanos, de la Constitución y de diversas normas estatales y autonómicas.

Amnistía recordó que el principio de no discriminación impide establecer diferencias de trato sin una justificación objetiva y razonable, especialmente cuando afectan a prestaciones dirigidas a la infancia.

Asimismo, subrayó que "el interés superior del menor debe ser una consideración primordial" y que garantizar los derechos de todos los niños es "una obligación, no una opción".

La organización también destacó que expertos en protección de menores consideran que la paga semanal tiene una finalidad educativa, al fomentar el aprendizaje de la gestión económica. Por ello, retirar esta ayuda exclusivamente a menores migrantes "tan solo contribuye a ahondar en su estigmatización y señalamiento".

Finalmente, Amnistía Internacional reclamó al Gobierno aragonés que garantice a todos los menores bajo su tutela el acceso a sus derechos "sin ningún tipo de discriminación", incluyendo alojamiento, salud, educación y planes de integración para la vida adulta.