Lo hizo a través de una carta remitida a la secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez, a la sazón presidenta de la Junta Interministerial que regula la venta de armas, en la que recordó que el Tratado sobre Comercio de Armas “obliga a no autorizar exportaciones cuando existe un riesgo sustancial de uso para cometer o facilitar violaciones graves del derecho internacional de los derechos humanos”.

Por ello, urgió a “revocar” las autorizaciones de material letal y antidisturbios no ejecutadas y reclamó mantener esta medida “hasta que los responsables de violaciones de derechos humanos cometidos por el Ejército y la Policía peruanos sean procesados, y las fuerzas de seguridad reciban una formación que les permita usar este material según las normas internacionales sobre el uso de la fuerza”.

La organización también planteó en su misiva que hasta la adopción de estas propuestas se apliquen, “como mínimo”, aquellas “medidas reforzadas de mitigación del riesgo”, que establece el protocolo sobre verificación del uso de las exportaciones de armas aprobado por el Gobierno en 2020.

Por su parte, AI cifró en 184 millones de euros las autorizaciones de licencias de armas a Perú entre 2017 y junio de 2022, 40 de los cuales era de material antidisturbios. En cuanto a las exportaciones realizadas en el mismo periodo de tiempo, Amnistía destacó las ventas por valor de 4,7 millones en armas ligeras, munición por 2,4 millones y alrededor de un millón en material antidisturbios.

Estos números sitúan a España como “el principal suministrador de armas a Perú de la Unión Europea” desde hace cinco años, tal y como denunció el director de Amnistía Internacional en España, Esteban Beltrán, quien alertó de que “hay un riesgo claro de que el material de origen español esté sirviendo para acallar al pueblo peruano de forma violenta e ilegal”.