Esos refugiados, que fueronagrupados en la base naval de Guantánamo (Cuba), podrían ser devueltos a Haití si un fallo judicial, que será hecho público hoy, da la razón al Gobierno norteamericano, que ya repatrió forzosamente a la isla el pasado mes de noviembre a unos 500 haitianos, sin que fueran estudiadas sus solicitudes de asilo.

AI ha publicado un informe sobre las "abundantes detenciones arbitrarias, torturas y ejecuciones extrajudiciales" que se han producido en los meses transcurridos desde la caída del presidente y ha nstado a las Naciones Unidas a incrementar el control sobre la situación del país.

La organización defensora de los derechos humanos renovó también su llamamiento al Ejecutivo norteamericano "para que garantice una audiencia justa a los casi 7.000 haitianos que han solicitado asilo en aquel país".

"Nos preocupa especialmente la suerte que puedan correr las personas repatriadas a Haití", señala AI, "debido a los abusos sufridos por otras personas repatriadas en el pasado y a los informes según loscuales los soldados han golpeado duramente y detenido a personas, simplemente porque intentaban abandonar la isla".

Amnistía Internacional también ha expresado su contrariedad por la negación del Gobierno estadounidense a permitir que miembros de la organización visitaran en el pasado mes de diciembre la base naval de Cuba y se entrevistaran con los solicitantes de asilo haitianos. AI ha pedido al gobierno de Washington que reconsidere su decisión.

La organización defensora de los derechos humano evalúa en más de 100 las personas que han sido ejecutadas extrajudicialmente en Haití desde la caída de Aristide.

Según informaciones facilitadas por abogados, periodistas y grupos eclesiales, más de 300 ciudadanos han sido detenidos arbitrariamente a partir de septiembre de 1991.

Uno de los casos más recientes fue el de Jean-Claude Museau, arrestado el 30 de diciembre y duramemnte golpeado, especialmente en la cabeza, lo que le produjo la muerte el 8 de enero.

Las principales víctimas de ls violaciones de derechos humanos han sido religiosos, periodistas, sindicalistas, estudiantes y activistas que han denunciado abiertamente la caída del Gobierno y la subsiguiente oleada de abusos.