En un comunicado, AI exigió "una investigación expedita e independiente" para que los responsables sean juzgados de acuerdo a la legislación brasileña. Consideró "muy alarmante" que las instituciones federales (policía, fiscalía, procuradoría...) no pudieran ni identificar a los instigadores ni evitar unos "hechos tan graves".

En su opinión, es preciso investigar "los ataques, la invasión de edificios públicos, la destrucción de documentos, las violaciones a la seguridad y la integridad física de los periodistas que cubrían los acontecimientos y de los agentes de las fuerzas de seguridad agredidos por grupos de civiles".

"Los intentos de destruir y retirar equipos y cámaras a los profesionales de los medios de comunicación representan una grave violación del derecho a la libertad de expresión y de prensa", agregó.

Por ello, exigió que el Estado brasileño garantice "una investigación pronta, imparcial, seria y efectiva sobre las circunstancias que llevaron a la invasión y a los ataques" del 8 de enero en Brasilia, "con el fin de identificar, procesar, juzgar y sancionar a todas las personas implicadas en estos episodios, incluidos los instigadores, organizadores y financiadores".

Reclamó, asimismo, aclarar "las omisiones por parte de las instituciones del Estado, que no actuaron para impedir que se produjeran estos ataques".