Autorizadas por el Ministro del interior y las autoridades ceutíes "sin ningún tipo de procedimiento administrativo", estas devoluciones implican que "España vulneró el Convenio Europeo de Derechos Humanos, ya que realizó una expulsión colectiva", afirmó Virginia Álvarez, investigadora sobre Migraciones en Amnistía Internacional España.

A su juicio, dicha actuación "obedece a una decisión indiscriminada" por parte del Gobierno.

“Parece que necesitamos recordarle una vez más al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, que actuar al margen de la Ley y de los Tratados internacionales de derechos humanos pone en riesgo la vida de las personas", subrayó.

El propio tribunal "se lamenta de que se pusiera en peligro la integridad física y moral de los menores, contraviniendo así las obligaciones de España en materia de derechos humanos". "Desde Amnistía Internacional estamos de acuerdo con lo señalado por el Tribunal Supremo, y consideramos que el ministro Marlaska debe asumir sus responsabilidades de una vez por todas", subrayó Álvarez.

Amnistía Internacional ya pidió en ese momento que se paralizaran las devoluciones mientras no se cumpliera con las garantías de protección que la ley exige para los menores.