La Fiscalía Anticorrupción pide para él seis años de cárcel y una multa de 550.000 euros. También se sentarán en el banquillo el director gerente de Canal de Isabel II entre 2003 y 2009, Ildefonso de Miguel y los socios de la empresa TCT, José Antonio Clemente Marín, Pablo Manuel González González y Juan José Caballero Escudier. Estos dos últimos son el hermano y el cuñado del que fuera vicepresidente de la Comunidad de Madrid. El Ministerio Público pide para ellos la misma pena. La Comunidad de Madrid, personada como acusación particular, pide para González 16 años de prisión.

Fue el juez Manuel García-Castellón el que acordó en agosto de 2021 la apertura de juicio oral contra González y otras cuatro personas por las irregularidades en la concesión de terrenos de la empresa pública Canal de Isabel II para la construcción de un campo de golf.

En 2003, la empresa pública de aguas madrileña adjudicó a la constructora ACS la construcción del campo de golf. El auto de apertura de juicio oral señala que sólo un año después Ignacio González e Ildefonso de Miguel se pusieron de acuerdo para modificar el proyecto “con el fin de beneficiar a familiares” del vicepresidente de la Comunidad de Madrid.

Esas modificaciones fueron de tal calado que, según el juez, el proyecto debería haberse licitado de nuevo. Así, ambos acusados acordaron con Dragados, la constructora heredera de ACS, la adjudicación directa del nuevo proyecto modificado, siempre y cuando la empresa subcontratara con TCT, que tenía por socios al hermano de Ignacio Gonzalez, a su cuñado y a José Antonio Clemente.

Así se hizo. La subcontrata se suscribió por más de tres millones de euros. Sin embargo, TCT tuvo que contratar a su vez a las empresas Onlygolf y Fieldturf, porque no tenía capacidad para ejecutar las obras por si misma. A estas compañías les impuso una comisión del 8%. El dinero llegó presuntamente a manos de sus familiares en 49 entregas en efectivo.

Además, en julio de 2006, se convocó otro concurso para la gestión y explotación de las instalaciones deportivas de CYII-Tercer Depósito y su ajardinamiento, que también fue adjudicado a la UTE formada por TCT, Soto Once e Iridium Concesiones de Infraestructuras. Los vínculos familiares de González eran desconocidos por el resto de implicados para evitar vetos en la operación.

Según el escrito de acusación, "la actuación conjunta de los acusados permitió que TCT, empresa sin capacidad técnica para efectuar ninguno de los trabajos encomendados, se interpusiera innecesariamente y se beneficiara indebidamente con ambas adjudicaciones, obteniendo un beneficio de, al menos, 504.780 euros financiado con los fondos públicos asignados a tales contrataciones".

El juez indicaba en su auto que “esa contratación de todo punto innecesaria e irregular, que supuso para TCT un beneficio total de 504.780 euros, 381.029 en el primer caso y 123.751 en el segundo, fue solicitada e impuesta de común acuerdo por todos los acusados a las adjudicatarias como condición para obtener las adjudicaciones”. González estuvo más seis meses en prisión preventiva y está procesado en otras dos piezas del ‘caso Lezo’.