Así lo destacó Redondo durante una entrevista en RNE recogida por Servimedia, tras ser preguntada por el requerimiento formal que envió este mismo lunes el Gobierno a las comunidades de Madrid, Baleares, Aragón y Asturias para que adopten las medidas necesarias para crear y regular el Registro de Personas Objetoras, conforme al mandato establecido en la ley que regula el aborto.

En caso de que, en un plazo de tres meses desde la recepción de este requerimiento, no lo hubieran hecho, el Gobierno avisó de que se activarán los mecanismos legales oportunos para exigir su cumplimiento. Con esto, el Ejecutivo pretende hacer cumplir la ley del aborto, “homologar” este derecho a todas las mujeres para que lo puedan ejercer en “igualdad de condiciones” en todo el país, hacer “compatibles” todos los derechos y que no haya “mujeres de primera y de segunda” en España, según dijo la ministra, haciendo referencia a las desigualdades territoriales en cuanto al cumplimiento de la ley de interrupción voluntaria del embarazo.

Sobre esto, Redondo hizo énfasis en la importancia de que el derecho al aborto se lleve a cabo en la sanidad pública, “con todas las garantías y de forma gratuita”, y recordó que la ley exige que todas las provincias tengan un “hospital de referencia” para que las mujeres que lo deseen puedan abortar y hay autonomías que “lo incumplen”.

La ministra mencionó que, por ejemplo, en Madrid, el “95%” de las interrupciones voluntarias del embarazo se hacen en la sanidad privada y, en Castilla y León también hay un “elevadísimo porcentaje” de mujeres que “tienen que recurrir” a ella.

Tras ser preguntada sobre un posible conflicto de derechos (el del aborto y la objeción de conciencia), Redondo insistió en que el registro de objetores de conciencia es el “instrumento” y la “garantía” para que ambos derechos puedan conciliarse y aseveró que “no puede decaer el derecho de las mujeres en favor absolutamente de la objeción de conciencia”. Igualmente, la ministra aseguró que, con este requerimiento, también se busca “agilizar” el desarrollo de la ley del aborto, que “todavía necesita un impulso”.

En cuanto a la propuesta del Gobierno de blindar el aborto en la Constitución, Redondo aseguró que se está “estudiando” como se podría introducir esa modificación en la Carta Magna, que en cualquier caso necesitaría el apoyo del Partido Popular debido a la necesidad de una mayoría de tres quintas partes de las Cámaras parlamentarias para reformar la Constitución.

Redondo se mostró esperanzada en que todo el arco parlamentario, incluido el PP, “a pesar de sus meteduras de pata” en el tema del aborto y de “su oposición sistemática” a las medidas del Gobierno, se muestre a favor del blindaje constitucional del aborto.

Esta propuesta del Ejecutivo llega tras la polémica medida del Ayuntamiento de Madrid de informar a las mujeres de un posible síndrome post-aborto, hecho que Redondo calificó como “muy grave” y que “no es aislado”. Además, dijo que el PP “no puede gobernar sistemáticamente contra las mujeres” y sus derechos.