El incremento de las pensiones contributivas en el 2,7% es el resultado del índice de precios de consumo (IPC) medio entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025, según la fórmula establecida en la Ley 20/2021, de garantía del poder adquisitivo de las pensiones, aprobada en 2021 y acordada con los interlocutores sociales. De esta manera, se da cumplimiento a la recomendación 2ª del Pacto de Toledo, que garantiza el poder adquisitivo de los pensionistas en base a la evolución del IPC.

La revalorización supondrá, aproximadamente, 570 euros adicionales al año para las personas con una pensión media de jubilación, mientras que las pensiones medias del sistema aumentarán en torno a 500 euros anuales. Este incremento beneficiará a los 9,4 millones de personas que reciben más de 10,4 millones de pensiones contributivas, además de las 734.900 pensiones correspondientes al Régimen de Clases Pasivas del Estado.

De modo que un pensionista que perciba una pensión de 1.511,51 al mes (coincidente con la pensión media de 2025 de jubilación en noviembre) pasará a recibir en 2026 una pensión de 1.552,32 euros mensuales, lo que supone un incremento anual de 571,35 euros.

También el complemento para la reducción de la brecha de género, por su parte, se revaloriza un 2,7% sobre la cuantía reconocida en 2025. Hay que recordar que este complemento se revalorizó un 10% en el bienio 2024-2025.

El Gobierno también ha acordado el incremento de las pensiones mínimas, de las no contributivas (PNC) y del IMV de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto-ley 2/2023 y en virtud de la recomendación 15ª del Pacto de Toledo.

Las pensiones mínimas subirán más del 7% en 2026. No obstante, este porcentaje es mayor para pensiones con cónyuge a cargo y de viudedad con cargas familiares que aumentarán un 11,4%. Por su parte, las pensiones no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital se revalorizarán un 11,4%, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto-ley 2/2023 y en virtud de la recomendación 15ª del Pacto de Toledo.

Las pensiones de vejez e invalidez (SOVI) se revalorizarán también en un 7,07% para 2026, lo que supone alcanzar los 599,60 euros mensuales en el caso de las no concurrentes, y los 582,10 euros mensuales para las concurrentes.

La pensión mínima de jubilación para titulares con 65 años o más en hogares unipersonales se fija en 13.106,80 euros anuales (frente a los 12.241,6 euros de 2025) y de 17.592,40 euros en los casos con cónyuge a cargo (en 2025 fue de 15.786,4 euros).

La asignación por hijo a cargo o menor con discapacidad reconocida igual o superior al 65% alcanza en 2026 los 5.962,80 euros al año, mientras que la asignación por hijo a cargo o menor con discapacidad reconocida igual o superior al 75% se sitúa en 8.942,40 euros anuales, es decir, un incremento interanual del 2,7%.

En cuanto a la pensión máxima, crecerá el 2,7% general más un 0,115% añadido, por lo que la prestación alcanzará los 3.358,59 euros al mes. No obstante, cabe destacar que para reforzar la sostenibilidad del sistema, el alza de las pensiones más elevadas se realiza de forma más lenta que las cotizaciones de los sueldos más abultados, de acuerdo con la reforma de pensiones aprobada en la pasada legislatura.

EDAD DE JUBILACIÓN

En otro orden de cosas, la reforma de pensiones de 2011 aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero estableció entre 2013 y 2027 un progresivo aumento de la edad de jubilación, de los 65 a los 67 años, y del tiempo cotizado para poder retirarse a los 65 años hasta los 38 años y seis meses.

En 2025 esas cifras se colocaron en 66 años y ocho meses y a los 38 años y tres meses. Con la llegada de 2026 subirán hasta los 66 años y 10 meses en el primer caso y permanecerá estable en el segundo.

Al margen de la subida de pensiones, medida que se incluye en el real decreto-ley de ‘escudo social’ del Gobierno, que deberá ser convalidado en el Congreso este mes de enero, se incorporan otras acciones en materia de Seguridad Social, como una cotización adicional del 10,60% para los bomberos y los agentes forestales y medioambientales, lo que permite activar los coeficientes reductores que hacen posible el anticipo de la edad de jubilación de estos colectivos, en reconocimiento a la especial penosidad y peligrosidad de su trabajo.

Asimismo, se amplía hasta el 31 de diciembre de 2026 la posibilidad de que los facultativos de Atención Primaria, médicos de familia y pediatras puedan compatibilizar la pensión de jubilación con el ejercicio de su actividad profesional, a fin de paliar la falta de facultativos en el sistema.

El texto incluye también distintos ajustes técnicos en materia de cotizaciones Se actualiza la base mínima de cotización y los grupos de cotización en coherencia con el incremento del Salario Mínimo Interprofesional. El tope máximo de cotización se fija en 5.101,20 euros y se establece la cotización del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) en el 0,90%.

Este mecanismo está destinado a nutrir el Fondo de Reserva de la Seguridad Social que acabará 2025 por encima de los 14.000 millones de euros, su nivel más alto desde diciembre de 2017.

Igualmente, se actualiza la cotización adicional de solidaridad y, en el caso de los trabajadores autónomos, se prorrogan durante 2026 los tramos de rendimientos netos vigentes en 2025. También se actualizan las tarifas de primas por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.