Aunque reconocen los aspectos positivos que recoge el borrador, las organizaciones plantearon, como ya lo hicieron en junio de 2021, "la necesidad de ser más ambiciosos abordando aspectos que la reforma no incluye y proponiendo mejoras técnicas en el texto del articulado".

Estas entidades consideran "imprescindible" subrayar que esta modificación normativa continúa reforzando la idea de vincular inmigración y mercado laboral. "Además, obvia que, por encima de todo, a estas personas se les debe reconocer la condición de ciudadanos de pleno derecho más allá de la coyuntura del mercado laboral", protestaron las entidades.

Asimismo, las organizaciones lamentaron que el tiempo de aportaciones de los distintos agentes sociales esté condicionada por la tramitación de la vía de urgencia. “Consideramos imprescindible que más allá de cumplir con los trámites del procedimiento, se abra un diálogo con la sociedad civil para que desde nuestra práctica diaria podamos lograr una reforma de mayor alcance del reglamento de extranjería”, señalaron.

Las cuestiones que las organizaciones consideran que deben ser abordadas están dirigidas a flexibilizar y favorecer el derecho a la reagrupación familiar, el fomento de los visados de búsqueda de empleo y facilitar la reincorporación al mercado laboral de los solicitantes de protección internacional.

Por último, las organizaciones han pedido al Ministerio de Inclusión, al Ministerio de Trabajo y al Ministerio de Derechos Sociales reuniones para poder trasladar "con la máxima urgencia" sus propuestas, convencidos de que este diálogo tendrá como fruto una mejor regulación, objetivo compartido por todos.