Según informó la Junta de Andalucía, ante las huelgas de médicos y el resto de profesionales sanitarios convocadas esta semana, Sanz destacó que el borrador del Ministerio de Sanidad “solo originó conflicto e inseguridad” y lamentó que “después de generar frustración entre los profesionales, el Gobierno trate ahora de trasladar el problema a las comunidades”.

En este sentido, subrayó la “falta de garantías de un documento improvisado, ideologizado y deficiente que ni siquiera cuenta con financiación”.

Para Sanz, el Estatuto Marco “nace sin diálogo real ni consenso y se elaboró de espaldas a las comunidades autónomas, a las organizaciones médicas, sindicales y a los gestores”. Por eso, considera “incomprensible” esta forma de proceder de la ministra Mónica García, que “logró un rechazo unánime ante un borrador que no incorpora memoria técnica, ni memoria jurídica, ni memoria económica”.

“Que anuncia cambios estructurales sin delimitar su alcance, su aplicación ni su impacto presupuestario”, continuó. En este sentido, señaló que “el Gobierno promete mejoras laborales sin poner un solo euro encima de la mesa y pretende que sean las comunidades quienes asuman el coste en un ejercicio de falsa cogobernanza y de irresponsabilidad política”.

FALTA DE PROFESIONALES

En la misma línea, resaltó que el borrador “no aborda con rigor la falta de profesionales, la estabilidad de las plantillas, la carrera profesional, la conciliación, la incentivación del trabajo en zonas de difícil cobertura ni la modernización de la gestión de recursos humanos”.

Por todo ello, Sanz reclamó al Gobierno de Pedro Sánchez “que se inicie una nueva negociación desde cero, con participación real de comunidades autónomas, representantes de los profesionales y sindicatos y escuchando directamente a los sanitarios”.

A su juicio, “cualquier nuevo Estatuto debe ir acompañado de una financiación suficiente, estable y comprometida en los Presupuestos Generales del Estado” sin olvidar, remarcó, “que mejore de verdad las condiciones laborales, ofrezca seguridad jurídica y contribuya a garantizar una sanidad pública de calidad, accesible y equitativa en todo el territorio”.

Respecto a las huelgas convocadas esta semana contra el Estatuto del Ministerio de Sanidad, el consejero andaluz mostró su comprensión “hacia unos profesionales que están frustrados por la política errónea del Gobierno”, al tiempo que aseguró que “suponen una mala noticia para los ciudadanos que tienen que sufrir las consecuencias de la política irresponsable del Gobierno de España”.

La ministra y el Gobierno, concluyó, “han puesto en jaque a la Sanidad Pública, perdiendo una oportunidad histórica para reforzar el sistema sanitario y construir una Sanidad más fuerte, con profesionales más respetados y reformas viables”.