Así consta en el programa electoral con el que concurrirá a las elecciones Antonio Maíllo, que aboga por realizar un “cambio estructural” del sistema de cuidados, impulsando un sistema “público, universal y de calidad” de atención a mayores y personas dependientes, que “supere” el modelo de bajo coste y precarización laboral.

“Este cambio debe revertir el peso de la privatización y de los fondos de inversión en el sector, garantizando estándares de calidad y ratios de personal suficientes en residencias, centros de día y atención domiciliaria; empleo digno en el ámbito sociosanitario, altamente feminizado y planificación pública para evitar el deterioro del sistema”, según el programa.

A su vez, pretende llevar a cabo medidas de conciliación real de la vida familiar y la laboral, que permitan “compatibilizar” la vida laboral con el cuidado de menores o dependientes y reforzar los sistemas de protección y atención a la dependencia, cronicidad e impulso de los cuidados y soporte social en todas sus áreas.

En paralelo, aspira a garantizar un periodo máximo de tres meses en la valoración para acceder a las prestaciones de la Ley de Dependencia y a otros tres máximos la puesta en marcha de cada Plan Individual de Actuación, implementando de forma efectiva las actuaciones “por vía de urgencia”, reduciendo dicho plazo total a dos meses máximos (uno para cada fase de dicho procedimiento) en las situaciones que así lo requieran.

PLAN DE CHOQUE

Asimismo, aboga por un plan de choque “con plazos máximos garantizados, reduciendo las listas de espera” y por reformar el modelo del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAO), elevando el precio/hora hasta niveles que garanticen la calidad del servicio y condiciones laborales dignas, asegurando que cualquier incremento de financiación repercuta directamente en las trabajadoras.

Por otro lado, se ampliará el mapa de residencias y plazas públicas, mediante construcción, adquisición, adaptación y homologación de centros, y se reforzará la ayuda a domicilio, la atención residencial, los centros de día y las prestaciones.

Junto a ello, busca impulsar la reversión de la privatización de las residencias de mayores, para lo cual aumentará las plazas públicas con el objetivo de asegurar el derecho a la protección y al cuidado de las personas mayores independientemente del nivel de renta individual o familiar y de la situación personal de sus familias.

PLAN DE CHOQUE ANDALUZ

En la misma línea, Adelante Andalucía urge a la construcción de un Sistema Público Andaluz de Cuidados como “cuarto pilar del Estado del Bienestar” y aboga por exigir al Gobierno el cumplimiento “efectivo” de la financiación del 50% del sistema de dependencia, mediante un Pacto de Estado.

También llama a poner en marcha un plan de choque “inmediato” para la eliminación de las listas de espera, garantizando que “ninguna persona con derecho reconocido quede sin atención”, mediante el refuerzo “extraordinario” de financiación, personal y medios.

Además, pretende desarrollar un proceso de desburocratización real del sistema y el refuerzo estructural de las plantillas públicas, así como llevar a cabo una auditoría integral del sistema de dependencia en Andalucía y prohibir nuevos conciertos o externalizaciones con empresas que incumplan condiciones laborales o convenios colectivos, incorporando cláusulas sociales “estrictas” en toda contratación pública.

En paralelo, pide el “refuerzo decidido” del Servicio de Ayuda a Domicilio y una financiación suficiente del servicio, que cubra los costes reales y permita su sostenibilidad, garantizando un precio/hora mínimo de 20 euros. También reclama el “refuerzo urgente” del servicio de teleasistencia, así como la “ampliación real de la cobertura” y una nueva Ley de Centros Residenciales de Andalucía o la recuperación para la gestión pública directa de todos los servicios de dependencia.