Así lo recoge el primer apartado del programa, dedicado a fiscalidad y financiación, y que además contempla más impuestos a grandes patrimonios y empresas, aunque no concreta la cuantía, la eliminación de bonificaciones regresivas con un tope a beneficios fiscales altos e impuestos ambientales a emisiones, residuos y consumo de energía.

Para el sistema de financiación autonómica, rechaza el llamado principio de ordinalidad, reclama un suelo común de servicios para todas las comunidades en sanidad, educación e independencia y que en el reparto se ponderen las variables de población, renta, envejecimiento y dispersión, además de la citada quita de deuda.

En economía e industria, la candidatura liderada por Antonio Maíllo defiende la creación de una banca pública andaluza y el impulso de otras empresas públicas en sectores estratégicos, un plan de energías renovables con autoconsumo y comunidades energéticas, una estrategia verde de industrialización, elevar la inversión en I+D+i hasta niveles europeos y atraer o recuperar el talento investigador.

FRENO AL TURISMO MASIVO

Dentro del sector primario, Por Andalucía propone aprobar una ley de soberanía alimentaria, crear un banco público de tierras, constituir un observatorio de márgenes comerciales y precios, limitar la agricultura intensiva y priorizar la extensiva y familiar, y poner un tope a la cuantía de ayudas de la PAC para evitar su concentración. En la pesca se incluye un plan contra las algas invasoras.

En turismo y comercio, la coalición de Izquierda Unida, Movimiento Sumar, Podemos e Iniciativa del Pueblo Andaluz propugna una tasa turística autonómica, limitar las plazas turísticas a 30 cada 1.000 habitantes, aprobar un plan contra las viviendas turísticas (no concreta su reversión a residenciales en zonas tensionadas, que anunció Maíllo el miércoles en la campaña; en el apartado de vivienda sólo pone que se regulará el alquiler en zonas tensionadas), otro de control de cruceros y eventos masivos y la limitación de grandes superficies para proteger al pequeño comercio.

EMPLEO Y TEMAS SOCIALES

En el capítulo de empleo, Por Andalucía aprobaría, si llegara al Gobierno, un plan de choque con fondos no ejecutados de más de 1.500 millones, incentivos a los contratos estables de más de dos años y condicionar las ayudas a empresas a que generen un "empleo digno".

Además, la coalición propone estudios piloto para implantar la jornada de cuatro días y un plan específico de empleo para jóvenes, mujeres y mayores.

Por lo que respecta a sanidad, esta candidatura se propone aumentar el gasto hasta la media estatal con un 25% del presupuesto para atención primaria, reducir progresivamente los conciertos privados, dar citas en atención primaria en 48 horas y poner en marcha un plan integral de salud mental que absorbería el 10% del presupuesto.

También plantea incluir la salud bucodental y óptica en la cartera de servicios, garantizar un hospital público en todos los territorios y, para los profesionales, estabilidad laboral y jornada semanal de 35 horas.

CORRUPTOS A "PATRIMONIO CERO"

La educación, por su parte, absorbería el 7% del PIB, lo que serviría para reducir las ratios a 20 alumnos por clase en primaria y ESO, eliminar progresivamente la educación concertada, extender universalmente una red pública para entre 0 y 3 años, ejecutar un plan de inclusión con ratios específicas de apoyo, eliminar las aulas prefabricadas. Para las universidades se reservaría el 10% del PIB, se endurecerían los requisitos a las universidades privadas y se estabilizaría al personal investigador.

En el apartado de vivienda, además de la regulación del alquiler en zonas tensionadas, Por Andalucía se compromete a aplicar la ley estatal, a movilizar pisos vacíos y a ampliar el parque público. A su vez, en servicios sociales promete reducir los plazos de baremación de la dependencia a menos de 60 días, equiparar el gasto social a la media estatal y aumentar la renta mínima andaluza, así como reforzar la gestión pública directa.

Finalmente, como medidas anticorrupción, la candidatura que lidera Maíllo propone prohibir que la administración contrate con empresas corruptas, aprobar una ley que imponga criterios laborales y sociales a la contratación, el decomiso de los beneficios ilícitos (el candidato ya estableció en un acto en campaña que a él lo que le importa es que los corruptos devuelvan lo robado, incluso hasta dejarles con "patrimonio cero" y la obligación de publicar las reuniones con empresas).