Así lo comunicó este martes Antaxi a las administraciones competentes e implicadas en la gestión de las autorizaciones VTC, tras finalizar, el pasado 30 de septiembre el plazo que establecía el Real Decreto Ley 13/2018 -conocido como ‘decreto Ábalos’- para que las administraciones regionales regulasen el funcionamiento de este tipo de servicios de transporte en suelo urbano.

Según explica el presidente de Antaxi, Julio Sanz, en una misiva enviada a estas administraciones, desde el pasado 30 de septiembre, las autorizaciones VTC no pueden continuar prestando servicios urbanos a amparo de los permisos vigentes para las VTC-N, sin una autorización expresa por parte de la administración regional o urbana competente.

“El decreto Ábalos establecía este plazo para que las administraciones regionales regulasen sobre los servicios urbanos de estos vehículos. Pasados los cuatro años, algunos gobiernos autonómicos como Madrid, Andalucía y Cataluña han aprobado normas con rango legal que supuestamente habilitarían a las VTC-N para continuar prestando servicios urbanos, pero se trata de habilitaciones que en muchos casos no son adecuadas a Derecho, ni compatibles con las normas estatales”, indicó Sanz.

Además, desde Antaxi insisten en que no se ha realizado ningún acto administrativo que otorgue esa “habilitación” a la que estas comunidades autónomas hacen referencia. “Las únicas autorizaciones que podrían estar habilitadas por normas autonómicas son aquellas que han recibido una indemnización adicional del ministerio y por tanto, estarían facultadas para presentar servicios urbanos”, añadió Sanz.

Por otro lado, recuerdan que, al margen de las citadas, la mayoría de comunidades autónomas no ha llevado a cabo ningún acto regulatorio para que las VTC pueden continuar prestando servicio urbano de forma legal, por lo que las administraciones “tanto estatales, como autonómicas y locales, han de estar vigilantes para garantizar que se cumple la ley en este nuevo periodo”, apuntó.

En este sentido, desde Antaxi insisten en que esta nueva fase, tras el fin del decreto Ábalos, debería primar la claridad, la seguridad jurídica “y, en definitiva, la protección del servicio público del taxi, evitando que sigamos, como hasta ahora, conviviendo en la ley de la selva”, subrayó Sanz al tiempo que insistió en la importancia de que se persiga la defensa del ordenamiento vigente para que la legalidad “sea cumplida de forma escrupulosa”.