El consejero delegado de Telefónica Móviles, Javier Aguilera, señaló ante la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara que es "responsabilidad" de todos "poner orden" y armonizar la normativa, que en ocasiones es contradictoria según provenga de la Administración central, de las autonómicas o de las locales. "Si no, se crea desconcierto", aseguró.

Aguilera apuntó que las empresas quieren"arreglar el problema" de la desconfianza ciudadana hacia las estaciones base. Asimismo, el representante del sector no entró a valorar el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno contra unas disposiciones de la Ley de Antenas de Castilla-La Mancha, aunque Aguilera opinó que "la vía contenciosa no es la más rápida ni la más eficaz".

El consejero delegado de Amena, Belarmino García, recalcó que existe "una amenaza seria" para el desarrollo económico del país por la resistencia vecinala las antenas y aseguró que el sector sólo consiguió en 2001 el 42,5 por ciento de las autorizaciones de instalación solicitadas.

Afirmó que, de las cerca de 30.000 estaciones base de España existen, un 15% de las mismas con amenaza de desmantelamiento (unas 5.000 antenas). "Si seguimos adelante con determinadas ordenanzas de municipios, dichos municipios quedarán sin servicio de telefonía", advirtió García.

VERIFICACIONES

Por su parte, el consejero delegado de Vodafone, John de Wit, informó qu, en cumplimiento del plan de autocertificación de antenas, las operadoras han verificado ya el 37% de los equipos y "no hemos encontrado ni uno que no cumpla con el decreto".

También intervinieron el catedrático de la Complutense Antonio Hernando, el investigador del CSIC Juan Represa y el decano del Colegio de Ingenieros de Telecomunicaciones, Enrique Gutiérrez-Bueno, quienes defendieron que los límites legales de las antenas son mucho mayores que los umbrales científicamente establecidos como segurs, así como que con las disposiciones del Ministerio de Ciencia y Tecnología los ingenieros garantizan que van a verificar que se cumplen.

La portavoz del Partido Socialista, Montserrat Palma, pidió que el Gobierno siente en una mesa a todas las administraciones para armonizar las leyes y ordenanzas sobre antenas y anunció la presentación, hoy mismo, de una proposición no de ley en ese sentido.

Asimismo, el portavoz de CiU, Jordi Jané, sugirió que todas las antenas ofrezcan información mediante ua etiqueta, como sucede con las revisiones de los ascensores, sobre las características de la estación, nivel de emisión y fecha de la próxima comprobación.

También propuso que se promueva la coordinación entre administraciones y operadoras para transmitir a los ciudadanos que para rebajar los niveles de potencia de las antenas es necesario multiplicar el número de ellas, con lo que además aumenta la calidad del servicio.

En cuanto a las zonas sensibles (parques, hospitales, guarderías) mencionads en el decreto de Ciencia y Tecnología, el experto Juan Represa aclaró que la norma debería corregirse para expresar lo que realmente pretende, que es no minimizar la exposición a las ondas de las antenas, sino "minimizar el riesgo de que se incumplan las normativas en los espacios sensibles", es decir, reforzar los controles públicos en esas zonas.