Alonso estaba citado a las diez de la mañana ante la llamada ‘Comisión de Investigación sobre las licitaciones y adjudicaciones de obras públicas del Gobierno’ navarro, que investiga proyectos como los llamados túneles de Belate.

Al inicio de esta comisión, el accionista mayoritario de Servinabar explicó que comparecía con el “máximo respeto” ante esta comisión del Parlamento navarro y al papel que desempeña “en el control de la actuación pública y en la defensa del interés general”.

No obstante, indicó que “dado que el objeto de esta comisión coincide sustancialmente con el de la causa penal actualmente en tramitación ante el Tribunal Supremo en la que me encuentro investigado, y siguiendo la recomendación expresa de mi letrado, me acojo a mi derecho a no declarar”.

“PIEZA FUNDAMENTAL”

Seguidamente, el parlamentario de UPN Javier Esparza le empezó a formular las preguntas que tenía preparadas. En un momento de ese interrogatorio, Alonso tomó brevemente la palabra para expresa que contestaría “muy a gusto a todo” lo que le planteaba este diputado, pero que su abogado le recomendaba no declarar para defender sus derechos en la causa penal abierta.

Esparza lamentó que este empresario no respondiera y sostuvo que era una “pieza fundamental” de la trama de presunta corrupción surgida en Navarra y en la que, según la UCO de la Guardia Civil, tenía un papel central Cerdán.

Este parlamentario afirmó que la “trama” creada por Cerdán y Alonso “ha tenido un impacto directo en la política al más alto nivel en Navarra y a nivel nacional”. Sostuvo que esta estructura supuestamente delictiva “afecta evidentemente al Gobierno de Pedro Sánchez, pero también afecta al Gobierno de María Chivite y al dinero de todos los navarros”.

Según el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, que lleva una parte del ‘caso Koldo’, existen indicios de que el empresario Alonso se habría beneficiado, “a cambio de un precio”, de la adjudicación de obras públicas en Navarra en colaboración con Cerdán, Koldo García y José Luis Ábalos. Todo se habría hecho a través de la empresa Servinabar, considerada pieza clave de este entramado.

“OPERADOR EN LA SOMBRA”

El compareciente este martes en el Parlamento navarro declaró como investigado en el Supremo en julio de 2025 y negó haber pagado mordidas o participado en sobornos para obtener contratos. Tras el interrogatorio, el magistrado le impuso la retirada del pasaporte y la obligación de comparecer quincenalmente en el juzgado.

Los autos de Puente y los informes de la UCO atribuyen a Alonso posibles delitos de integración en organización criminal, cohecho y tráfico de influencias, vinculados a adjudicaciones de obra pública en beneficio de Servinabar y de los intereses impulsados por Cerdán y su entorno político. La Benemérita le sitúa como “operador en la sombra” y socio de Cerdán, al que vendió el 45% de Servinabar.

La Guardia Civil detalla que Alonso habría facilitado reuniones entre Cerdán y empresarios, y que incluso existía una nota en el móvil de Koldo titulada “temas con Antxon”, donde se hablaba de “cuánto se me paga y cómo se me paga” por conseguir obras. Los investigadores señalan también posibles contraprestaciones al exministro Ábalos a través de sociedades de Alonso, y la petición judicial de rastrear sus cuentas bancarias y las de sus empresas.