Las tarifas para las pequeñas empresas industriales y del sector servicios conectadas en baja tensión se incrementan un 4,28%, según el real decreto aprobado hoy en Consejo de Ministros.

Las correspondientes a las empresas industriales y del sector servicios conectadas en alta tensión aumentan un 6,5%, mientras que los incrementos para los grandes consumidores varían desde un 5,4% hasta un 9%, debiendo pagar más quienes más consuman. La media de los incrementos aprobados para las tarifas de venta de energía eléctrica de 2007 se sitúa en el 4,30%.

Complementariamente, se reducen un 10% de media las tarifas de acceso por el uso de las redes para los consumidores que adquieren la energía en el mercado.

En este nuevo marco se contempla como objetivo un avance en la liberalización del sector. Actualmente, el 85% del consumo de gas se mueve en el mercado liberalizado, porcentaje que se reduce al 25% en el consumo eléctrico.

El objetivo para finales del año 2007 es que el 50% esté en mercado abierto, especialmente en el sector de alta tensión, de tal forma que a final de la legislatura el 50% del mercado este liberalizado.

REVISIONES TRIMESTRALES

Con el objetivo de ir adaptando de forma paulatina las tarifas a los precios del mercado, a partir del 1 de julio se realizarán revisiones trimestrales de las tarifas, de forma similar al método ya vigente con el gas.

La parte de generación eléctrica de la tarifa (equivalente al 64% de su coste) se indexará periódicamente al coste de generación, para eliminar en cuatro años el déficit tarifario.

La norma aprobada hoy por el Gobierno incluye medidas en favor del ahorro energético, como sustitución de contadores, discriminación horaria o interrumpibilidad; y por la calidad del suministro, con retribución adicional para conseguir mayor calidad para los ciudadanos y para las industrias.

PAGA MÁS QUIEN MÁS CONSUME

Con el objetivo de fomentar el ahorro energético, las nuevas tarifas eléctricas aumentan más para aquellos consumidores que más energía gastan. Atendiendo a este principio, en el caso de los consumidores domésticos se fijan distintos porcentajes de subida en función de la potencia contratada por cada abonado.

A todos los consumidores con una potencia inferior o igual a 2,5 kW se les aplica un incremento social de tarifas del 2%; en la práctica, esto significa extender la protección a 4,5 millones de consumidores domésticos (hasta ahora, el incremento social sólo afectaba a 135.000 clientes).

Para el conjunto de consumidores domésticos situados entre 2,5 kW y 5 kW (70% del colectivo), se obtiene una subida de tarifas del 2,8%; y para aquellos situados entre 5 kW y 10 kW (8% del colectivo), la subida es del 3,3%.

Para las pequeñas industrias y servicios la subida se fija en el 4,28% y las tarifas de riegos en el 5%. El porcentaje de subida para el conjunto de todas estas tarifas (domésticos, pequeñas industrias y servicios, y riegos), comprendidas en el capítulo de consumidores de baja tensión (menos de 1 kW) es del 3,6%.

Para las empresas industriales y del sector servicios conectadas en alta tensión, se incrementan los precios un 6,5%. Los incrementos son mayores para los grandes consumidores, variando desde un 5,4% hasta un 9% en los consumidores más intensivos en energía eléctrica.

MÁS LIBERALIZACIÓN

Para los consumidores que adquieren la energía en el mercado, pero que deben pagar el acceso al uso de las redes, se reducen las tarifas de acceso un 10% de media. En este nuevo marco se contempla como objetivo un avance en la liberalización del sector, de forma que a final de año el 50% del mercado este liberalizado.

Para los alquileres de equipos se mantienen las tarifas a la espera del informe de la Comisión Nacional de Energía solicitado como consecuencia del propio informe que esta Comisión emitió sobre la tarifa eléctrica de 2002.

Se actualizan los valores de los precios a satisfacer por derechos de acometida, enganche y verificación con la media de la variación anual del índice de precios al consumo resultante en el periodo noviembre 2005-octubre 2006, fijado en un 2,5%.

RACIONALIZAR EL CONSUMO

Para conseguir una racionalización de los consumos, se introduce un esquema de discriminación horaria, de forma que la facturación resultante de la aplicación de los incrementos de las tarifas podrá verse compensada e incluso reducida entre el 2% y el 8% si los clientes gestionan sus consumos por medio de la contratación de discriminación horaria.

Los consumidores que opten por acogerse voluntariamente a este nuevo esquema tarifario tendrán que instalar un contador discriminador de dos periodos (punta 10 horas al día y valle el resto) y adoptar hábitos que desplacen ciertos consumos, por ejemplo la puesta en funcionamiento de la lavadora y el lavavajillas, entre las 9 de la noche y las 11 de la mañana, con lo que, además de reducir su recibo de la luz, contribuirán a aminorar los picos de demanda y, de esta forma, ayudarán a mejorar la garantía de suministro.

Para poner en práctica esta iniciativa, se da un mandato a la Comisión Nacional de Energía para que elabore un plan de sustitución del parque actual de contadores en el nicho de los consumidores domésticos por nuevos aparatos con discriminación horaria y telemedida.

A partir de julio del año 2007 estos contadores electrónicos serán obligatorios en las viviendas de nueva construcción y, en general, para los nuevos suministros, y se contempla un horizonte de cinco años para sustituir el parque actual.

MÁS CALIDAD

El real decreto aprobado hoy hace también una fuerte apuesta por la calidad del suministro eléctrico, elevando los niveles de exigencia tanto en términos del tiempo equivalente de interrupción (Tiepi), como del número de interrupciones (Niepi).

Los costes de transporte y distribución se actualizan de acuerdo con el procedimiento de cálculo regulado en el Real Decreto 2819/1998, de 23 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte y distribución de energía eléctrica.

Se ha considerado, además, una retribución adicional a la distribución de 500 millones de euros unido a un incremento en la exigencia de niveles de calidad de servicio a los usuarios.

Además, dentro de la partida de costes de distribución, se mantiene una cuantía de 90 millones de euros destinados a planes de mejora de la calidad de servicio, a realizar en régimen de cofinanciación con las comunidades autónomas mediante la firma de convenios.

A su vez se han incorporado 176 millones de euros en la partida de nueva normativa destinada al Plan de Acción 2005-2007 por el que se concreta el Documento de "Estrategia de ahorro y eficiencia energética en España 2004-2012".

SIGUE EL DÉFICIT

Para cubrir todos los costes del sistema eléctrico previstos para 2007 con los ingresos vía tarifas, sería necesario aprobar una subida que implicaría crecimientos bruscos de los precios de los consumidores, pero el Gobierno ha decidido no trasladar todos los costes al consumidor.

Por ello, se reconoce con carácter previo la existencia de un déficit de ingresos de las liquidaciones de las actividades reguladas. Está previsto que el déficit que se generará entre el 1 de enero de 2007 y el 31 de marzo de 2007 ascenderá a 750 millones de euros.

Este déficit, así como los déficit ex ante que pudieran reconocerse durante el año 2007 hasta un importe máximo de cinco veces el determinado en el párrafo anterior, se financiará a partir de los ingresos obtenidos por la venta, mediante un procedimiento de subasta, de derechos de cobro correspondientes a un determinado porcentaje de la facturación mensual por tarifas de suministro y tarifas de acceso a las redes de transporte y distribución. La entidad o entidades compradoras podrán ceder dichos derechos a terceros.

A través de una orden conjunta de los ministros de Economía y Hacienda y de Industria, Turismo y Comercio, se establecerán las condiciones de la subasta y las características de los citados derechos de cobro.

Este nuevo marco normativo cambia el sistema hasta ahora vigente, basado en el reconocimiento del déficit tarifario a posteriori, y permite un periodo de eliminación de éste en cuatro años de forma escalonada.

REFORMAS ESTRUCTURALES

Se incorporan, además, reformas estructurales para la realización de subastas virtuales de capacidad de generación, que serán obligatorias para ciertos operadores dominantes, iniciativa que tiene como finalidad el fomento de la competencia efectiva.

Se modifica la regulación básica de servicios de gestión de la demanda en mercado: interrumpibilidad y compensación de reactiva. Se trata con ello de promover la salida de los grandes consumidores al mercado libre al ampliar unas condiciones que actualmente sólo están disponibles para los consumidores a tarifa.

Se insta a la elaboración de un plan de supervisión del funcionamiento de los mercados por parte de la CNE, así como la realización de informes mensuales en el mismo sentido por parte del operador del mercado y el operador del sistema, analizando el comportamiento de los sujetos y la formación de precios, de forma que éstos queden sometidos a una constante supervisión.

El real decreto contiene otras reformas y entre ellas el establecimiento de un incentivo al consumo de carbón autóctono que se devengará desde el 1 de enero; una reforma de los mecanismos de pago, cuyo primer paso es la eliminación del pago a las centrales nucleares en concepto de garantía de potencia; y la habilitación al operador del sistema para limitar los puntos de conexión por razones de seguridad del suministro.