Como principal novedad, el texto establece la creación de la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía, que ejercerá como una autoridad única e independiente a la cual podrán acudir los ciudadanos y las empresas interesadas.

Este organismo autónomo estará integrado en las redes nacional y europea de defensa de la competencia, por lo que actuará en coordinación con las autoridades estatales y comunitarias.

Sus funciones se centrarán en perseguir de oficio o a instancia de parte prácticas anticompetitivas como las derivadas de abusos de posición dominante, establecimiento de barreras de entrada y acuerdos entre empresas para fijar precios y cuotas de producción o de mercado.