España intervino en el Pleno del Congreso para pedir el voto favorable de la Cámara Baja al real decreto-ley que contempla una financiación de 157.731 millones de euros para las comunidades autónomas de régimen común y las dos ciudades autónomas.

Esta es la tercera vez que el Ejecutivo lleva las entregas a cuenta al Congreso. En las dos anteriores, las incluyó como parte del decreto ómnibus, que decayó en su tramitación en enero y en un segundo intento en febrero, y en esta ocasión se presentan de manera independiente.

El ministro aludió precisamente a este tercer intento de aprobación para criticar al PP que en los dos anteriores lo rechazaran. “Entenderán que no resulta razonable reclamar más financiación en los territorios un día sí y otro también y bloquearla después en esta Cámara”, echó en cara el ministro, motivo por el que pidió a los diputados del PP que “no se dejen llevar por posiciones cortoplacistas guiadas por un interés puramente electoral” y “sean responsables y acepten más recursos”.

El ministro puntualizó que la norma sometida a votación “no introduce cambios estructurales en el sistema de financiación autonómica”, pues existe una propuesta de reforma integral que confió en dialogar.

España dijo que el real decreto-ley “no es partidista” y “no distingue territorios y colores políticos” y apeló a “la responsabilidad institucional”. “Gestionar no es buscar excusas y echar la culpa a otras administraciones” y si la actualización de las entregas a cuenta no sale adelante, los perjudicados serán los ciudadanos, según advirtió el ministro.

Esta actualización de las entregas a cuenta, con 157.731 millones de euros, supone un incremento del 7% respecto al año anterior. La cifra asciende a 173.300 millones de euros si se suma la liquidación del año 2024, con lo que el aumento sería del 7,7%.

Incluye como novedad el establecimiento de un régimen excepcional para que los ayuntamientos puedan destinar además el superávit de 2025, los de 2026, 2027, 2028 y 2029 a inversiones financieramente sostenibles en vivienda, lo que supondrá que más de 2.500 entidades locales movilicen más de 3.100 millones adicionales. Además, por primera vez se establece un régimen plurianual para las inversiones en vivienda de los ayuntamientos.

El ministro consideró que “esta inyección histórica de recursos” provoca que los ciudadanos se pregunten por qué no se reducen las listas de espera o mejoran las condiciones de los funcionarios y criticó que “en algunos casos estos aumentos de recursos se han dedicado a bajar los impuestos” a rentas altas y privatizar servicios públicos. “El Gobierno financia y transfiere, pero las comunidades autónomas son las que tienen la gestión” y “más financiación exige más responsabilidad en la gestión”, concluyó.

POSICIÓN DE LOS GRUPOS

Del lado de los grupos, se pronunciaron a favor la mayoría. Junts había anticipado antes del debate que votaría a favor y su diputado encargado de defender la posición, Josep María Cruset, añadió que “hoy se aprueba nuestro real decreto” y dejó el recado al Gobierno de que “no pretendan hacer ver que esto es un éxito del Gobierno”, pues “con su debilidad actual no les queda ninguna otra opción que convocar elecciones”.

ERC también se pronunció a favor, aunque juzgó que el real decreto-ley se queda “a medio camino”, en palabras de Teresa Jordà. Pidió “valentía” al ministro para abordar “una reforma profunda” de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, adaptar las reglas de gasto al nuevo marco europeo, que los remanentes puedan ser utilizados y que los objetivos de déficit y de deuda se negocien “con los territorios y con los ayuntamientos”. Jordà insistió en la necesidad de un nuevo modelo de financiación.

Desde el PNV, criticaron la “normalización” de la figura del real decreto-ley, reservada a asuntos de urgente necesidad, y echaron en falta que se permita también a las comunidades autónomas el uso del superávit. Bildu reclamó acabar con “la injusticia” de la Ley de Estabilidad Presupuestaria para que los ayuntamientos decidan en qué invertir.

En cambio, por el PP, Ángel Ibáñez pidió al ministro que “no se queje del voto en contra” del PP en las anteriores ocasiones porque se debió a que “mezclan” las entregas a cuenta con otros asuntos y aseguró que las comunidades del PP son las que más porcentaje de su presupuesto destinan a gasto social. Además, se refirió a la corrupción al señalar que los grupos que apoyan al Gobierno ven “mierda”, pero “con todo el dinero de los españoles que les ponen ustedes encima de la mesa es muy explicable que sigan tragando con toda esa mierda”.

Por Vox, Emilio del Valle señaló que el Gobierno actual es el que más ha utilizado el real decreto-ley, en 170 ocasiones, y criticó que “si no se dilapidase tanto dinero público no sería necesario mantener y menos aún incrementar el nivel de expolio fiscal” que ha llevado a la recaudación a niveles récord. “Lo que es de extraordinaria y urgente necesidad es simplificar la estructura de un estado autonómico derrochador” y no la financiación, agregó.

Sumar, que cogobierna con el PSOE, aplaudió que las comunidades autónomas tengan más recursos que nunca, pero criticó que “se están despilfarrando en el bolsillo de operadores”, según Carlos Martín. Y Juan Antonio González, del PSOE, reprochó al PP su relato sobre “la descomposición” de España indicando que el Gobierno de Pedro Sánchez es el que mejor ha financiación a las regiones y acusó al PP de “fariseísmo” y de votar en contra de bajadas de impuestos del Gobierno cuando las defienden.