En un auto, conocido este martes y al que tuvo acceso Servimedia, de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Navalcarnero, se afirma que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil no ha encontrado “irregularidades ni arbitrariedades atribuibles” a Millán en los contratos que una auxiliar administrativa sostuvo que podían haber conllevado trato de favor.

Según la UCO, el único “indicio de irregularidad” que se ha localizado es la “declaración policial” de esta auxiliar administrativa, quien sostuvo que la exalcaldesa de Arroyomolinos, cuando era edil de Juventud, “habría dado un trato diferente en la forma de interactuar a nivel personal” con la empresa Grupo Educativo.

La Guardia Civil concluyó que el 61% de los contratos cuestionados tendría su origen en la Concejalía de Juventud de Millán, mientras que el 39% correspondería a otro área del Ayuntamiento de Arroyomolinos.

Tras analizar los contratos emitidos desde la Concejalía de Juventud, en el auto se afirma que “no se infieren indicios con la solidez suficiente para atribuir la participación en la comisión de delitos constitutivos de prevaricación, de tráfico de influencias o de negociaciones o actividades prohibidas a los funcionarios públicos” a Millán ni al empresario Francisco Roselló.

LA FISCALÍA PIDIÓ EL ARCHIVO

En este sentido, la causa se abrió en el Juzgado de Instrucción número 6 de Navalcarnero a raíz de un informe de UCO sobre contratos municipales adjudicados a empresas del empresario Francisco Roselló entre 2005 y 2011. La investigación se centró en si esos contratos se vieron favorecidos por la entonces edil responsable del área de Juventud y en si existió una contraprestación económica encubierta a través de alquileres y empleos a familiares.

Según los informes aportados al procedimiento, la UCO cifró en nueve los contratos adjudicados por el Consistorio a sociedades vinculadas a Roselló, de los que siete eran contratos mayores y dos menores, durante el periodo en que Millán ocupó la Concejalía de Juventud.

Esas adjudicaciones, relativas principalmente a la organización de eventos, festejos y actividades juveniles, fueron cuantificadas inicialmente en más de 660.000 euros entre 2006 y 2011, un volumen que avivó las sospechas sobre un posible trato de favor hacia el empresario. La Guardia Civil también rastreó los flujos económicos hacia el entorno personal de la dirigente popular, en busca de indicios de cohecho o tráfico de influencias.

El núcleo de la denuncia apuntaba a varios hechos concretos: el pago por parte de Roselló de un alquiler “muy por encima” del precio de mercado por un ático propiedad de Millán, la contratación de su hermana por empresas del empresario y la colocación de su marido como bedel en un colegio a través de esas mismas sociedades.

Los informes iniciales indicaban que la exregidora de Arroyomolinos y sus familiares podrían haber obtenido beneficios de entre 180.000 y 200.000 euros. Sin embargo, la Fiscalía del Área de Móstoles-Fuenlabrada solicitó el archivo de la causa al Tribunal de Instancia de Navalcarnero, al concluir que no han quedado acreditados los delitos investigados. El Ministerio Público sostuvo que los ingresos analizados tendrían cobertura en trabajos efectivamente realizados o en el alquiler con opción de compra del ático, y que la UCO no ha detectado “irregularidades ni arbitrariedades” en los contratos en cuestión.