La entidad, a través de una carta remitida a la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, sostuvo que su traslado a la península es una medida “necesaria” para garantizar su seguridad, la tramitación de solicitudes de asilo y su inclusión social.

Además, en dicha carta, la entidad advirtió de la situación de "extrema vulnerabilidad" de este colectivo, formado por personas que han huido de la “persecución y criminalización” por orientación sexual o identidad de género en sus países de origen, especialmente Marruecos.

Arcópoli sustentó su petición en las informaciones difundidas por la organización Border Resistance sobre presuntos episodios de violencia física y actuaciones policiales contra personas Lgtbi+ en la propia Ceuta.

El coordinador general de Arcópoli, Luis Fernando Rosales, afirmó que "no podemos permitir que personas que huyen del odio y la persecución vuelvan a sufrir violencia e indefensión en territorio español" y defendió que "el traslado a la península no es solo una medida logística, es una obligación humanitaria para sacarlas de un entorno de riesgo".

Asimismo, ante la falta de recursos especializados en Ceuta, Arcópoli ha puesto en marcha un servicio telemático gratuito de atención social, psicológica y jurídica, cuya coordinación ha ofrecido a las administraciones públicas para atender a las personas afectadas.

De este modo, la organización reclamó una actuación prioritaria frente a los episodios de inseguridad denunciados, el traslado urgente de los migrantes a la red de acogida peninsular y la apertura de vías de colaboración institucional para derivar casos a su servicio de atención.