La asociación celebra en “que finalmente una mayoría parlamentaria haya logrado un acuerdo que es de máxima trascendencia porque permitirá que lleguen las tan esperadas y necesarias inversiones para hacer más resilientes los sistemas de abastecimiento de agua en todo el territorio. Todas estas medidas contribuirán a paliar los efectos de la grave situación de estrés hídrico que sufre Cataluña”.

En este sentido, el ASAC solicita agilidad y efectividad por parte de las instituciones en la ejecución de esta ley para hacerla efectiva de forma inmediata. Para conseguirlo, la asociación que representa a la mayoría de las entidades que suministran agua potable en Cataluña solicita que se haga efectivo realmente que sean las mismas operadoras del servicio de abastecimiento de agua (públicas, mixtas o privadas) las que puedan requerir directamente las subvenciones que recoge esta ley, de acuerdo con los ayuntamientos en ejercicio de sus potestades de control, para poder iniciar con carácter inmediato la ejecución de los proyectos.

Considera que esta opción sería la más eficiente para asegurar la viabilidad de los proyectos de obras y mejoras y acelerar su implementación de manera eficaz.

La entidad indicó que “el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) así lo ha regulado en las recientes convocatorias del PERTE de digitalización del ciclo del agua con muy buenos resultados”.

A pesar de ello, la ASAC recuerda que la sequía no es un episodio puntual, “sino que formará parte de nuestra realidad a medio y largo plazo”. En este sentido, pide “el compromiso por parte de todos los grupos parlamentarios en la hora de salir adelante todas las medidas previstas y recuerda que no nos podemos permitir repetir los errores cometidos en el episodio de sequía que sufrió Cataluña en 2008. En aquel momento, también se plantearon algunas medidas e inversiones que, después de un periodo de lluvias, quedaron paradas o sin mantenimiento para asegurar su continuidad”.

“De este modo, la planificación a largo plazo dejó de ser una prioridad y, con esto, también se perdieron los recursos económicos necesarios para garantizar el acceso al agua en todo el territorio y minimizar los efectos de la emergencia climática sobre el tejido socioeconómico del país”, concluye.