Así lo demandó en un comunicado emitido después de conocer que, durante el fin de semana, agentes de la Guardia Civil, junto con técnicos de la Delegación Territorial de Salud y Consumo de Sevilla, incautaron más de 50.000 kilos de jamones y paletas de cerdo localizados en dos almacenes clandestinos situados en Alcalá de Guadaíra y Dos Hermanas (Sevilla) y que “estaban totalmente cubiertos de moho o con gusanos”.

“En estos almacenes, los investigados contaban con puestos de ‘lavado de cara’ donde los jamones eran lavados con agua a presión o quemados para que aflorara la grasa. Después se les aplicaba una mezcla de aceite de semillas y carbón vegetal para mejorar su aspecto de producto 'pata negra’”, aseveró.

En paralelo, subrayó que también se localizaron bidones de acaricida, que se aplicaba para “evitar insectos” y que, cuando la pieza entera “no reunía los mínimos requisitos”, la usaban para comercializarla cortada en lonchas o en bolsas de tacos.

“Se trata de unos hechos gravísimos”, sentenció la asociación, al tiempo que trasladó su “felicitación” a estos funcionarios por las actuaciones llevadas a cabo, consciente de la necesidad de investigar los distintos establecimientos, tanto de distribución como de restauración, en los que “hayan podido venderse estos jamones con el fin de que sean definitivamente retirados del mercado”.

ETIQUETADO FALSIFICADO

En este punto, hizo hincapié en las condiciones higiénico-sanitarias encontradas durante el registro y en la existencia de un etiquetado falsificado, ya que la empresa “manipulaba” las fechas de caducidad de los lotes.

“En ocasiones, el número de registro sanitario que se estaba usando no existía y el certificado de calidad de los ibéricos se había copiado a otro operador”, apostilló la asociación, que se pondrá en contacto con las asociaciones y empresas dedicadas a este sector del consumo con el fin de “establecer campañas de confianza hacia los consumidores”.

Por último, la entidad exigió “máxima transparencia” en las actuaciones que se lleven a cabo con el objetivo de que el consumidor disponga de “clara información” sobre las mismas y “se actúe también en beneficio de las empresas que sí cumplen con la normativa higiénico-sanitaria y de consumo”, que, según su punto de vista, “ven perjudicada su imagen y reputación por estos hechos”.