Según señala un informe elaborado por AEDAF sobre la nueva normativa, "la no introducción de ninguna fórmula arbitral es una de las cuestiones más criticables del anteproyecto, ya que en otros países es una figura que ha demostrado su eficacia en la reducción de la conflictividad".

En este sentido, el presidente de AEDAF, Antonio Durán-Sindreu, propone una fórmula que se articularía bajo tres figuras diferentes en función de las materias y cuantías motivo e conflicto.

Así, cuando la disconformidad del contribuyente respecto de las liquidaciones realizadas por la Administración sea igual o inferior a 3.000 euros, la resolución, a instancia del contribuyente, se podrá dictar por el Consejo para la Defensa del Contribuyente pra lo cual se deberá dotar al Consejo para la Defensa del Contribuyente de la organización y medios necesarios.

Cuando la discrepancia sea exclusivamente sobre hechos o valoraciones de naturaleza técnica, la Administración y el cntribuyente podrán someterse al criterio de un tribunal de árbitros, previa renuncia a posteriores recursos, según la propuesta de AEDAF.

Para las restantes cuestiones derivadas de la aplicación de los tributos, y cualquiera que sea su cuantía, se propone un sistema de arbitraje basado en que el plazo máximo de duración del procedimiento sea de tres meses, la procedencia de la solución arbitral se efectúe a petición del interesado y esta sea vinculante para la Administración.

CLAUSULA ANTI-ABUSO

Además, los asesores fiscales consideran que la cláusula anti-abuso, incluida en el anteproyecto de reforma de la Ley General Tributaria, presenta "deficiencias mejorables", ya que no define "con claridad" los casos que son claramente sancionables.

Según AEDAF, la cláusula pretende aportar una solución que evite el abuso en la aplicación de las normas fiscales y poder establecer un procedimiento que persiga aquellas actuaciones legales en las que se utilicen las ventajas fiscales "con una finalidad dstinta a la que fueron concebidas".