Según Aseaf, el sistema de protección debe contar con los protocolos de prevención, detección e intervención necesarios para evitar que estos niños, niñas y adolescentes cuyas circunstancias emocionales, afectivas y psicológicas les convierten en un colectivo de especial vulnerabilidad, sean víctimas de violencia dentro del propio sistema de protección.

Asegura que todas las comunidades autónomas tienen obligación de cumplir ya la Ley 2672015 cuyo mandato expreso es priorizar el acogimiento familiar sobre el residencial para los niños, niñas y adolescentes con alguna medida de protección. Este mandato se sustenta, tal y como determina la Convención de los Derechos del Niño, en su interés superior y en su derecho a crecer en el seno de una familia, en un entorno de estabilidad, afecto y protección.