El pasado 12 de julio, la Asociación de Fiscales anunció la interposición de recurso contencioso administrativo contra el Real Decreto 461/2023, de 13 de junio, por el que se nombra Fiscal de Sala en materia de Derechos Humanos y de Memoria Democrática a Dolores Delgado García, dando lugar al recurso 723/2023 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo.

El Supremo decidió el pasado 21 de noviembre anular el ascenso de Dolores Delgado a la máxima categoría de la carrera fiscal. Los jueces estimaron parcialmente el recurso contra la decisión de Álvaro García Ortiz de nombrar a Delgado como fiscal togada ante el Tribunal Supremo después de su salida de la Fiscalía General del Estado.

Tras esa decisión, el alto tribunal estableció que se debía repetir el proceso para la propuesta del fiscal general al entender que existió “desviación de poder” y que hizo el nombramiento con el objetivo de darle un ascenso, no de proveer una plaza.

Ahora la Asociación de Fiscales anuncian la presentación de un escrito de ampliación basado en esa sentencia de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo de 21 de noviembre de 2023 por la que se anulaba la promoción a la categoría de Fiscal de Sala a Dolores Delgado y se la nombre Fiscal de Sala de la Fiscalía Togada del Tribunal Supremo.

Recuerda la asociación conservadora que el fallo ordenaba “la retroacción de las actuaciones al momento inmediatamente anterior a la propuesta del Fiscal General del Estado al Consejo de Ministros para la cobertura de la plaza de Fiscal de Sala de la Fiscalía Togada del Tribunal Supremo, convocada por la Orden JUS/832/2022, de 29 de agosto (BOE de 1 de septiembre de 2022)”.

De ese modo, Delgado no tendría la categoría más alta dentro de la Fiscalía, lo que la inhabilitaría para ocupar la plaza fiscal de Sala de Memoria Democrática, que requiere la designación de su titular entre los que la ostenten.

El Ministerio Fiscal es una organización pública cuyos principios de actuación y reglas básicas de funcionamiento “se establecen directamente en la Constitución, preservando a la institución de coyunturales vaivenes políticos”, dice la asociación.

Con la presentación de este escrito alegando hechos nuevos, la Asociación de Fiscales cumple con su “obligación de defender los intereses de la Carrera Fiscal” ante las más que previsibles “consecuencias” que puedan derivarse del nombramiento impugnado, “afectando negativamente al correcto funcionamiento de una plaza tan relevante” en la organización del Ministerio Público.