A juicio de la Comisión Ejecutiva de esta asociación, Eligio Hernández, que sustituyó a Leopoldo Torres, no ha permanecido más de 15 años ejerciendo su profesión, como exige el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para poder acceder a la Fiscalía General del Estado.

Según un comunicado de la Asociación de Fiscales, "dicha impugnación nada tiene que ver con el alto respeto y consideración que nos merece la persona de dn Eligio Hernández Gutiérrez y su trayectoria profesional".

Además, la asociación indica que, a los pocos días de ser nombrado fiscal general del Estado, Hernández les concedió una entrevista en la que mantuvieron un fluido diálogo.

"El motivo que nos ha impulsado a tomar decisión tan importante, y para nosotros tan dolorosa e incómoda", agrega la nota, "no es otro que nuestro deseo de que quien ha de ocupar el máximo cargo para promover la acción de la Justicia en defensa de la legalidad y de lo derechos de los ciudadanos sea designado, sin lugar a dudas, conforme a la ley".

En opinión de la asociación, esta exigencia "se impone aún con más fuerzas en un Estado de derecho como el nuestro, en el que están todavía sin desarrollar las garantías mínimas e indispensables para preservar objetivamente la imparcialidad del jefe máximo de los fiscales".

La Asociación de Fiscales expresa su "indudable convencimiento" sobre "la importancia que un fiscal protegido realmente en su sujeción a la legaidad e imparcialidad tiene para la Justicia".

REQUISITO CONFUSO

Según el artículo 29.1 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, el Gobierno debe elegir al fiscal general del Estado entre "juristas españoles de reconocido prestigio, con más de 15 años de ejercicio efectivo de su profesión".

Aunque Eligio Hernández ingresó en la carrera judicial en 1976, durante seis años (noviembre de 1982-mayo de 1989) ejerció como delegado del Gobierno en Canarias, tiempo que, según la Asociación de Fiscals, no puede ser computado como ejercicio de la carrera judicial.

A pesar de las dudas planteadas por los fiscales y por otras organizaciones profesionales, el Consejo General del Poder Judicial emitió un informe favorable al nombramiento, al estimar que los seis años que Hernández estuvo al frente de la Delegación del Gobierno en Canarias pueden ser computadon, al estar en comisión de servicios.