Los 20 letrados que componen la candidatura, entre los que figuran José Luis Galá, Carlos Vila y Jaime Sanz de Bremond, conocidos por su actuación en procesos como los del GAL y mafia policial, pretenden alzarse como los representantes del abogado "de a pie" y buscan la democratización de la institución, según manifestaron hoy en su presentación ante los medios de comunicación.

"No somos abogados de despachos ricos, ni de grupos de poder", afirmó López Alvarez, "somos de esos abogados que van a diario a los juzgados, apuntados al turno de oficio y asistencia al detenido y, por eso conocemos todos los rigores e inconveniencias de esta profesión".

Su candidatura persigue atraer los cerca de 2.000 votos de estos abogados de "a pie" que se han abstenido mayoritaraimente en anteriores elecciones, así como el de los abogados jóvenes "a los que pretendemos ofrecer posibilidades de formación y ayudas de las que el actual colegio carece".

Otro de los principales puntos de mira de esta candidatura, en la que se ha buscado la representación de todas las ramas del derecho y la proporionalidad entre hombres y mujeres, es huir de las candidaturas personalistas, y emprender la reforma del Estatuto General de la Abogacía para huir del carácter "corporativista y antidemocrático" del actual colegio, propiciado por el porlongado "período de autocracia" de Pedrol Rius.

Así, entre sus objetivos más inmediatos se destaca la limitación de los mandatos a tres años con reelecciones consecutivas, la plena soberanía de las juntas y asambleas generales y el reconocimiento del libre asociacionism de los abogados fuera y dentro del colegio, ante la imposibilidad de suprimir la colegiación obligatoria, de la que son contrarios.

"Queremos hacer del colegio un foro de debate, un lugar de encuentro permanente" insistió José Luis Galán que, junto a sus compañeros subrayó como aspecto fundamental de su candidatura, el esfuerzo por garantizar el derecho constitucional a la justicia gratuita, servicio que en la actualidad estiman "vergonzante, tardíamente retribuido y huérfano de todo control de calidd".

Por ello, propugnan una nueva orientación de los Servicios de Orientación Penitenciaria y de Orientación Jurídica y la creación de un turno especial para la asistencia y defensa de extranjeros, así como la creación de una comisión mixta para el seguimiento de todos los problemas derivados de los mismos.

Entre las reivindicaciones profesionales, incluyen la necesidad de acabar con la obligación de afiliarse a la mutualidad, las limitaciones para la constitución de despachos colectivos, la exitencia desporporcionada de cargas fiscales y la precariedad de los servicios comunes utilizados a diario para el ejercicio de su profesión, como Biblioteca o salas de toga.

La candidatura completa está integrada por Angeles López Alvarez, como decana; Eduardo Liñán, tesorero; Celia Pizarro, contadora; Ana Sánchez, bibliotecaria; Mario Serrano, secretario, y, como diputados, Rafael Burgos, Rafael de las Casas, Martina Castro, Lourdes Velilla, Juan Ignacio Guerrero, Cristina Alvarez, Juan Carlos Rico, Bgoña Lalana, Jaime Sanz de Bremond, Carlos Vila, Andrés López, María de Desamparados Pla, Teodoro Mota, Luis María Figueroa y José Luis Galán.