En un comunicado, la asociación, que representa a las empresas que suponen más del 90% del volumen operativo de micropréstamos que operan en España, compartió que se pongan topes a los intereses que se cobran por este tipo de préstamos, en algunos casos de usura, aunque consideró que, en lugar de fijar un tope, se siga el modelo británico para los préstamos de corta duración y alto coste, que fija tres límites: un tope diario del 0,8% de intereses sobre el capital, que incluye todos los intereses y comisiones mientras el préstamo está en vigor; un límite máximo de 15 libras en comisiones por impago, y un tope absoluto al coste total del crédito, de forma que el cliente nunca pueda llegar a pagar, en intereses, comisiones y recargos, más del 100% del capital prestado.

Sobre la duración de los préstamos, la asociación consideró que los plazos mínimos obligatorios previstos, de tres meses, “podrían prolongar innecesariamente la deuda y encarecer el coste total”. Explicó que, en la práctica, el mercado ya ofrece plazos más largos, pero el cliente no los utiliza. La mayoría de los miembros de la asociación comercializa productos con vencimientos de tres y cuatro meses; sin embargo, solo alrededor de un 10-15 % de los consumidores opta por esas duraciones y el plazo medio real de uso es de 22 días. “Es decir, el micropréstamo se utiliza como un auténtico puente de liquidez” y “un plazo mínimo de tres meses no responde a la realidad del uso”, consideró. Por ello, planteó adaptar la duración a la capacidad de reembolso del cliente.

En cuanto al periodo de reflexión previo de 24 horas antes de contratar el préstamo, la asociación consideró que “puede resultar contraproducente” para los microcréditos, que se conceden para atender necesidades urgentes. “No añade protección sustancial allí donde ya existen información precontractual reforzada, derecho de desistimiento y derecho de reembolso anticipado; sí puede, en cambio, frustrar el acceso ágil a financiación regulada en situaciones en las que el tiempo es un factor crítico”, explicó. En este punto propuso que la protección del cliente se articule a través de información clara y derechos efectivos tras la contratación, evitando demoras que puedan empujar al consumidor a soluciones no reguladas.

La asociación defendió “una regulación eficaz y realista” para garantizar la seguridad jurídica del sector y se comprometió a trabajar con las administraciones “desde una posición abierta y constructiva”.