“Nos sentimos engañados y estafados por el Gobierno”, ha asegurado Lídia Jiménez, reconocida por el Parlament como nieta de Lluís Companys y una de las caras visibles de la entidad. En una entrevista publicada este miércoles en 'El País', señala que el Gobierno les ha dejado “en vía muerta” porque después de la aprobación de Ley de Memoria Democrática en 2022 se había previsto unos plazos y mecanismos, como una auditoría, para proceder con los expedientes de reparación económica derivados de las incautaciones de 1939. La Ley reconoció su derecho a ser resarcidos, pero sienten que el Gobierno “les ha dejado tirados en la cuneta”, indican desde la asociación.

“Es como una manera de engañarnos. De decirte que sí, pero que no”, lamenta Jiménez, que sospecha que la situación “se dilata” adrede. “Estamos en tiempo de descuento”, añade Antonio Rodríguez, otro de los representantes de la asociación, que apela directamente a la responsabilidad del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y a la directora general de Atención a las Víctimas, Zoraida Hijosa.

En los dos últimos años, la asociación también se ha movido para buscar la ayuda y complicidad de los grupos parlamentarios catalanes en el Congreso. El pasado febrero mantuvieron una reunión con el diputado de Junts, Josep María Cervera, quien asumió el compromiso de impulsar políticamente el cumplimiento de la Ley. La formación formuló una serie de preguntas al Gobierno y, el 10 de abril, el ejecutivo les contestó que la auditoría todavía no estaba acabada. También se reunieron con Carles Puigdemont en Waterloo en abril de 2025.

La lucha de la Asociación de Perjudicados por la Incautación Franquista (APIGF) empezó hace más de 25 años, impulsada por la madre de Lídia Jiménez. Primero como una agrupación y después como una asociación. Con los años han pasado de 1.100 asociados a 400. “Soy la necrológicas”, añade Jiménez, sobre cómo ve fallecer a las personas sin lograr que su lucha sea reconocida.