Según ha detallado el bufete Vosseler, que representa a los asociados, se ha recibido en torno a un 90% de las certificaciones de reconocimiento de víctimas, un documento oficial imprescindible para que continúe la tramitación de la reclamación económica.

Asimismo, el bufete ha constatado que el caso de las familias con bienes incautados por el franquismo ya se ha puesto sobre la mesa de la negociación política con el Gobierno.

El pasado mes de abril, representantes de la asociación y del bufete viajaron a Waterloo para mantener un encuentro con el expresidente Carles Puigdemont para exponer su situación y pedir la ayuda de Junts –partido decisivo en muchas votaciones y negociaciones en el Congreso de la mano de su portavoz en Madrid, Miriam Nogueras--.

En dicha reunión, donde estuvo presente Lídia Jiménez, nieta de Lluís Companys y tesorera de la asociación, el expresidente Puigdemont mostró una total comprensión y sensibilidad hacia las reclamaciones de las miles de familias que vieron confiscados sus ahorros y que siguen hoy luchando por su restitución.

Según Vosseler, el apoyo explícito de Puigdemont es un “paso importante” en la dirección correcta y refuerza la justicia histórica de las reclamaciones de los afectados. No obstante, se sigue trabajando en todas las opciones posibles para acelerar los tempos conscientes de que la inestabilidad política del Gobierno no ayuda en la celeridad del proceso iniciado.

La aprobación en 2022 de la Ley de Memoria Democrática abrió la posibilidad del resarcimiento de los bienes de las víctimas de las incautaciones franquistas, aunque se están demorando estas compensaciones.

La Asociación de Perjudicados por la Incautación del Gobierno Franquista se constituyó en 2005 y está formada por un colectivo de personas cuyas familias han sido víctimas y perjudicados, directa o indirectamente, por la incautación que el Gobierno Franquista hizo de los ahorros y dinero que poseían.

Las familias víctimas de las incautaciones franquistas esperan que su reclamación llegue al fin a buen puerto, como la restitución al PNV del palacete de París que fue sede del Gobierno Vasco en el exilio, que el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática calificó como “un hecho de justicia histórica que debe aplaudir cualquier verdadero demócrata”.

De forma similar, el ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, celebró un acto el pasado mes mayo en que se devolvieron siete cuadros incautados durante la Guerra Civil a los familiares de su autor, Pedro Rico, primer alcalde republicano de Madrid. Urtasun se refirió a la restitución como “un acto de justicia y reparación histórica”.