"Un registro de agresores sexuales de menores al que sólo tendrían acceso las autoridades y, sobre todo, los cuerpos y fuerzas de seguridd del Estado. De esta manera, si un pedófilo decide instalarse en una zona determinada, las mencionadas fuerzas podrían conocer sus antecedentes y determinar a qué se va a dedicar", explicó Cánovas a Onda Cero.

Tras la detención el pasado sábado de los sospechosos del asesinato de las dos niñas inglesas desaparecidas en Soham, Cánovas lamentÓ que por desconocimiento cualquier pederasta, incluso con antecedentes por agresiones a menores, "pueda acabar trabajando en un colegio o en un centro donde hay nños".

No obstante, los individuos que aparecerían en el registro que propone la Asociación Contra la Pornografía Infantil deberían contar siempre con una sentencia judicial firme que les identificara como agresores sexuales de menores.

Uno de los principales inconvenientes para combatir a estos delincuentes, según Cánovas, deriva de que los pedófilos son difíciles de reintegrar en la sociedad y reinciden con más frecuencia que otros grupos.

"Nos parece increible que un individuo de estas carcterísticas pueda pasar más de cinco años en la cárcel y no reciba un tratamiento psiquiátrico adecuado a su problema si no lo solicita, puesto que no está obligado a ello. Así, puede encontrarse en la calle al cabo de los años exactamente igual que como entró", afirmó.

Desde el punto de vista de la Asociación Contra la Pornografía Infantil, el tratamiento de estas personas es una de las medidas que habría que asegurar para lograr con éxito su reinserción. "Eso permite después llevar un seguimiento, icluso después de que el pedófilo ha cumplido su condena, para confirmar que no está trabajando con menores", añadió Cánovas.