En una nota de prensa, la APM puntualizó que las circunstancias que deben ser tomadas en consideración al aplicar la Ley de Partidos Políticos ya fueron valoradas por el Tribunal Supremo.

En consecuencia, el presidente del Gobierno" no puede adoptar otra postura lícita que la que le impone el artículo 118 de la Constitución Española, esto es, la de prestar la necesaria colaboración para que una decisión judicial firme sea cumplida.

Según la APM, el cumplimiento de la ley por parte de todos es indispensable para que un sistema jurídico no sea sustituido por la "anarquía".