En un comunicado, ATME subrayó que el reconocimiento de la profesión de riesgo continúa “rodeado de incertidumbre”, pese a los anuncios ministeriales. Además, lamentó que “no se han presentado criterios, plazos ni contenidos concretos” y teme que las aportaciones remitidas -incluida la necesidad de que alcance tanto a militares de carrera como temporales en el momento de su jubilación- queden relegadas a una mera comunicación final sin participación real.

La asociación denunció que la actualización de las retribuciones sigue siendo insuficiente, mientras las dietas continúan inamovibles desde el año 2005. Todo ello ocurre mientras el presupuesto de Defensa "marca registros históricos, en contraste con unos salarios y compensaciones que sitúan al personal militar entre los servidores públicos peor retribuidos", denunció.

ATME reclamó además una ley única de la carrera militar que elimine la temporalidad y garantice trayectorias profesionales homogéneas, con una formación inicial que otorgue titulación oficial de grado medio para la tropa y marinería. También exigió una actualización de la Ley de Derechos y Deberes que permita a las asociaciones ejercer su función con acceso real a las unidades, procesos democráticos en la elección de los representantes al Coperfas -Consejo de Personal de Fuerzas Armadas- y un órgano que deje de diluir propuestas legítimas de los representantes de los militares.

La asociación denunció la falta de seguimiento de los convenios con comunidades autónomas y ayuntamientos para la reincorporación laboral de los militares temporales, así como la ausencia de incentivos nacionales para las empresas que contratan. A ello se suman las persistentes deficiencias en habitabilidad y condiciones de trabajo en numerosas bases y acuartelamientos.

ATME incidió en que esta movilización responde a años de diálogo sin resultados y a la necesidad de actuar antes de que Defensa adopte decisiones sin participación del personal militar.